Desmontes en aldeas guaraníes: “El decreto es un avance importante”
El Gobierno de Misiones decretó el cese de todo tipo de actividad de la empresa CARBA en el territorio indígena relevado por Ley 26160 y el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada a las Comunidades, como debió hacerse desde un principio. Indicó también al Ministerio de Ecología acogerse a esta normativa, que marca una nueva línea en cuanto a los conflictos con las Comunidades respecto al manejo de los montes nativos.
La referente de la Pastoral Aborigen, María Josefa “Kiki” Ramírez expresó que “si bien es una medida provisoria, porque se debe llamar a una consulta, es un avance importa de la lucha de los pueblos originarios en Misiones”.
“Este decreto llega casi tres años después del pedido de las comunidades de que se revise la resolución que le permitía a la empresa deforestar. Pasamos por distintas instancias, por la justicia hasta llegar a hoy con esta noticia la cual nos alegra por las ellos, por las comunidades porque ellos pusieron el cuerpo a esta lucha”, manifestó Ramírez.
Asimismo dijo que los originarios “tienen razones más culturales y espirituales que económicas, y cuando son escuchados uno entiende porqué esa resistencia tan fuerte a que destruyan el medio ambiente. Creo que el cuidado que ellos tienen no es solo para ellos, sino para toda la sociedad. La gravedad para el planeta sigue siendo terrible y estos grandes capitales no lo comprenden”, analizó la referente.
Para terminar Ramírez indicó que “siempre los políticos y las fuerzas de seguridad estaban del lado de la empresa y las comunidades solas, no les tomaban las denuncias”. Y agregó que los pueblos originarios “demandarán judicialmente al Estado por los territorios, ya no solo por los recursos naturales. Se pide que se titularice las tierras a nombre de las comunidades”, advirtió.
Cabe recordar que el enfrentamiento con la empresa, que lleva al menos dos décadas, significó mucho dolor para las comunidades. Vieron frente a sus ojos la destrucción del monte nativo -su casa-, las motosierras cortando sus árboles y la desidia del Estado que por años decidió mirar para el costado. Entre sus considerandos se menciona el incumplimiento estatal de su obligación de consulta previa, libre e informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, haciendo mención de los marcos legales que los amparan, como la Constitución Nacional, la Ley 26160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión