Hace 35 años, María Soledad Morales fue asesinada en Catamarca, un caso que marcó un antes y un después en la justicia argentina. La joven desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural, revelando un femicidio que estuvo rodeado de irregularidades e intentos de encubrimiento por parte de autoridades políticas y policiales.

Desde el inicio, la investigación estuvo llena de obstáculos. El jefe de la Policía provincial difundió una versión falsa sobre una supuesta “secta diabólica” para desviar la atención. Además, algunos oficiales presionaron a la familia de María Soledad para que no hiciera denuncias públicas, buscando proteger a los responsables.

Entre los acusados se encontraba Guillermo Luque, hijo del diputado Ángel Luque. Su padre llegó a declarar públicamente que “si mi hijo hubiera sido el autor, no aparecería el cadáver”, lo que generó indignación y terminó con su expulsión del Congreso, aumentando la percepción de que existía protección política hacia el acusado.

Tras un largo proceso judicial, Guillermo Luque fue condenado en 1998 a 21 años de prisión por violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes. Su cómplice, Luis Tula, recibió una pena de nueve años como partícipe secundario. Estas condenas fueron fundamentales para mostrar que la justicia podía prevalecer frente al poder político.

El caso provocó la intervención federal en Catamarca y movilizó a la sociedad mediante las Marchas del Silencio, que exigían justicia de manera pacífica. Hoy, 35 años después, sigue siendo un símbolo de lucha contra la impunidad y un recordatorio de la importancia de garantizar investigaciones imparciales en casos de violencia de género.