El gobierno argentino presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un pedido formal para suspender el proceso de discovery y rechazar una solicitud de desacato promovida por los demandantes en el juicio internacional vinculado a la expropiación de YPF.

La Procuración del Tesoro de la Nación elevó el escrito ante la jueza Loretta Preska, sosteniendo que las exigencias de información planteadas por los fondos beneficiados con el fallo —como Burford Capital y otros acreedores extranjeros— son “invasivas, desproporcionadas y ajenas al objeto del proceso”. El pedido incluye suspender tanto la etapa de discovery, que habilita a los demandantes a solicitar documentos y datos para identificar posibles activos embargables, como el pedido de desacato impulsado por esos mismos fondos.

El Gobierno argentino argumentó que este tipo de requerimientos, que en algunos casos habrían llegado a pedidos de acceso a comunicaciones privadas de funcionarios, representan una forma de hostigamiento judicial que afecta la soberanía del país y entorpece sus funciones estatales. En el escrito oficial se afirmó que Argentina ha cumplido con las obligaciones procesales establecidas y cooperado con la entrega de información razonablemente relevante.

La solicitud se produce en medio de una disputa más amplia por una sentencia de primera instancia que obliga al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares a exaccionistas de YPF por la expropiación de la petrolera en 2012, una decisión que las autoridades del país buscan revertir o moderar a través de recursos y apelaciones en tribunales estadounidenses.

La audiencia en la que las partes expondrán sus posiciones ante la jueza Preska fue programada para los próximos días, y el gobierno argentino buscará convencer al tribunal de que detenga la actual etapa del proceso y rechace las medidas reclamadas por los demandantes.