La dirigencia del fútbol argentino anunció un paro de todas las categorías del fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en rechazo a la denuncia judicial contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, citados a indagatoria por una causa que investiga presuntas retenciones indebidas de aportes por más de $19.300 millones. La medida, definida por unanimidad por los dirigentes de los clubes de Primera División, busca expresar un “basta” a lo que consideran un ataque jurídico y político contra la conducción del fútbol.

Dirigentes como Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA, defendieron la huelga ante los medios y calificaron la denuncia como “falta de fundamentos”, insistiendo en que la medida es una forma de proteger a los clubes y defender el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro frente a propuestas como las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Malaspina sostuvo que la ofensiva judicial se enmarca en una disputa más amplia sobre el futuro institucional del fútbol argentino.

Otros presidentes de clubes respaldaron el mismo argumento, asegurando que el paro no es sólo un apoyo a Tapia, sino una protesta contra una intervención que, a su juicio, amenaza el rol social que cumplen las instituciones deportivas tradicionales, y responde a intereses externos y políticos más que a un objetivo jurídico claro.

La reacción del oficialismo no tardó: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la medida de “ridícula” y criticó duramente la decisión de paralizar el fútbol por una causa en la que dos dirigentes son llamados a declarar, pero aún no han sido procesados. Bullrich aseguró que “parar el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas” y destacó que la situación judicial de Tapia y Toviggino no debería impactar en el calendario deportivo.

En el cruce político, dirigentes como el presidente de Lanús, Nicolás Russo, replicaron a Bullrich al sostener que la postura oficial refleja un falta de conocimiento sobre la importancia del fútbol para millones de aficionados, al tiempo que reafirmaron que el paro pretende marcar una defensa institucional y social de los clubes. La polémica pone en tensión no sólo el mundo del deporte, sino también la percepción pública sobre la relación entre instituciones deportivas, justicia y las diferencias entre sectores del Estado y el deporte profesional.