Un joven soldado del Ejército Argentino, Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años y oriundo de Gobernador Roca, Misiones. Fue hallado sin vida el 16 de diciembre del 2025 en uno de los puestos internos de la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. El cuerpo del efectivo fue encontrado con una herida de arma de fuego, lo que motivó la apertura de una investigación judicial a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la intervención de la Policía Federal Argentina para determinar las circunstancias de su muerte.

Desde un principio, la principal hipótesis apuntó a un suicidio con el fusil reglamentario que tenía asignado, pero las motivaciones detrás del trágico desenlace se mantuvieron bajo análisis. Junto al cuerpo se halló una carta atribuida a Gómez en la que mencionaba problemas económicos y deudas, lo que se interpretó en ese momento como un posible factor de angustia personal.

A más de dos meses del hecho, el caso dio un giro cuando el Gobierno nacional y la Justicia confirmaron que Gómez era víctima de una red de extorsión digital que operaba mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas. En una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza Arroyo Salgado detallaron que la víctima fue contactada por una cuenta ficticia que lo presionó con amenazas de denuncias judiciales si no transfería dinero, una maniobra que lo habría quebrado emocionalmente antes de quitarse la vida.

La investigación identificó que la banda criminal, denominada por las autoridades como la “PYME del delito”, operaba desde el interior de centros penitenciarios bonaerenses. Utilizaban perfiles falsos y tácticas de extorsión virtual para coaccionar a sus víctimas, exigiendo transferencias a billeteras electrónicas a cambio de frenar supuestas causas judiciales o denuncias penales.

Las pesquisas derivaron en una serie de allanamientos y detenciones de al menos siete personas, incluidos reclusos que integraban la red y coordinaban las maniobras desde cárceles como la Unidad N°36 de Magdalena. Las autoridades resaltaron que la banda exhibía un alto grado de organización, con división de tareas y suplantación de identidades para dar credibilidad a sus amenazas.

El caso de Gómez puso en evidencia una nueva modalidad de criminalidad digital que se aprovecha de la vulnerabilidad emocional y financiera de las víctimas, y motivó a las fuerzas de seguridad a alertar a la población sobre los riesgos de contactos online no verificados. Las autoridades destacaron que la divulgación de estos métodos busca prevenir futuros hechos similares y frenar el accionar de organizaciones que operan bajo este tipo de estructuras delictivas.