Este miércoles 13 de agosto a las 9:30 vence el plazo que el Tribunal Oral Federal 2 les impuso a todos los condenados en la causa Vialidad para depositar, de forma solidaria, los 684 mil millones de pesos (equivalentes a unos 537 millones de dólares) en concepto de reparación de perjuicio al erario público, producto de irregularidades en obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Hasta el momento, ese depósito no ha registrado ningún movimiento en la cuenta judicial habilitada en el Banco Nación.

El tribunal, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, advirtió que de no concretarse el pago, se procederá a ejecutar los bienes embargados en el inicio de la causa. Esta ejecución fue ordenada bajo el argumento de que el decomiso representa una determinación fehaciente del daño causado al Estado, considerado como provecho de una maniobra de corrupción.

El monto fue actualizado por peritos de la Corte Suprema utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, a partir de los 85 mil millones de pesos fijados originalmente por el TOF 2 en diciembre de 2022. La defensa de Cristina Kirchner, en cambio, presentó un peritaje alternativo que estimaba el decomiso en apenas 42 mil millones, aplicando la tasa pasiva promedio del BCRA al monto original, una cifra que representa apenas el 6 % de lo solicitado por la Corte.

Con las horas contadas, la ex presidenta presentó un recurso ante la Cámara de Casación alegando la “nulidad absoluta” de la actualización del decomiso y cuestionando el accionar de los fiscales. Afirma que no existen bienes en su patrimonio que sirvieran para cometer el delito ni que representen su producto o provecho, y destaca que toda su evolución patrimonial es legítima. Además, sostiene que la metodología elegida por el tribunal violó sus derechos de defensa, ya que no se abriría debate sobre una actualización que multiplicó por cien el monto original.

Mientras tanto, embargos en otras causas (Hotesur y Los Sauces) ya pesan sobre bienes de Cristina Kirchner y sus hijos: suman alrededor de 6 millones de dólares en efectivo, 50 propiedades distribuidas entre Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate, además de terrenos y vehículos. La Justicia podría ordenar el juicio de ejecución sobre estos activos, que incluyen cajas de ahorro, cuentas comitentes, plazos fijos, cajas de seguridad y cuentas en la Caja de Valores compartidas con familiares o terceros. Una posibilidad adicional, más compleja, es que se investigue si una herencia anticipada a sus hijos fue una estrategia para proteger activos frente a estos decomisos.

Además, la ex mandataria enfrenta la pérdida de su jubilación especial y pensión vitalicia, suspendidas tras su condena en Vialidad, y plantea que esto vulnera derechos alimentarios básicos, lo que la deja sin otra fuente de ingresos salvo esa prestación que apenas alcanza a unos cientos de miles de pesos, insuficiente frente al monto exigido.

En este contexto, la expiración del plazo compromete el futuro jurídico e institucional: si los bienes son ejecutados, podría desatarse un conflicto de alto impacto político y financiero, ya que, como advierte la defensa, implicaría un procedimiento “confiscatorio” prohibido por la Constitución, con riesgo de responsabilidad internacional del Estado argentino.