El gobierno nacional anunció la creación de una nueva dependencia denominada Oficina de Respuesta Oficial, que tendrá como objetivo oficial combatir la desinformación y “desmentir fake news”, una iniciativa que ya fue comparada por críticos con un “Ministerio de la Verdad” al estilo de la obra distópica 1984.
La medida fue dada a conocer esta semana por la Casa Rosada y se presenta como una herramienta para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, según publicó la propia Presidencia en redes sociales. El gobierno explicó que la Oficina funcionará como un espacio para responder a informaciones consideradas falsas o engañosas, con un enfoque en ofrecer “más información” y confrontar versiones periodísticas que se consideren incorrectas.
A través de sus redes, la nueva oficina oficial afirmó que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, y que busca señalar “falsedades concretas” y dejar en evidencia “operaciones de los medios y de la casta política”. El comunicado defendió la iniciativa como un mecanismo que fortalece la libertad de expresión al permitir a los ciudadanos distinguir hechos de operaciones mediáticas, según el gobierno.
La creación de esta dependencia generó un intenso debate público y político, con sectores de la prensa, comunicadores y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión expresando críticas. Asociaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtieron sobre los riesgos que implica que el Estado asuma un rol activo en la “validación” de la verdad informativa.
El término “Ministerio de la Verdad” (inspirado en la novela de George Orwell) fue usado por críticos para describir la nueva Oficina, en referencia a una institución ficticia encargada de manipular la información y definir lo que debe considerarse verdad oficial, lo que encendió el debate sobre las fronteras entre combatir desinformación y limitar la libertad de prensa.
Organismos internacionales también se sumaron a las críticas: Human Rights Watch indicó que la iniciativa se enmarca en un contexto de tensión entre el gobierno y la prensa, y alertó sobre posibles efectos en el espacio de la libertad de expresión, en un momento en que ya habían planteado preocupaciones por ataques a periodistas y restricciones al sector.
