En un fallo que generó fuerte polémica en el ámbito sindical y docente de Misiones, la jueza Marcela Leiva, a cargo del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, condenó hoy a los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez como coautores del delito de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”.

Ambos habían sido imputados por su participación en un acampe docente y corte de calle en la avenida Uruguay durante mayo-junio de 2024, en el marco de protestas multisectoriales por recomposición salarial.

Las penas (en suspenso) son de 10 meses para Gurina y 8 meses para Sánchez. Además, deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias enseñando en comedores infantiles.

La fiscalía, encabezada por María Laura Álvarez, había solicitado condenas similares, argumentando que la protesta generó perjuicios económicos a comerciantes de la zona (quienes declararon fuertes bajas en sus ventas) y entorpeció el transporte público durante los días que duró la medida.

Por su parte, la defensa adelantó que apelará la sentencia e incluso estudia llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), argumentando que se trató de una manifestación colectiva y asamblearia, amparada en el derecho a la protesta.

El veredicto generó una inmediata reacción en el sector docente: sindicatos anunciaron un paro y movilización hacia el Palacio de Justicia para el próximo 1 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer los fundamentos completos de la condena.