La política municipal de Puerto Piray quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que concejales del bloque Juntos Podemos denunciaran penalmente a la intendente Mirtha Lezcano por presuntas irregularidades vinculadas a la compra de dos camionetas que figuran incorporadas al patrimonio municipal, aunque —según sostienen— nunca pudieron ser exhibidas físicamente.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico por los concejales Remigio Smith y Elizabeth Mercado, quienes detectaron inconsistencias durante el análisis de la Memoria y Balance 2025. Según explicaron, en el inventario municipal aparecen registradas dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 doble cabina adquiridas en marzo de este año por más de 49 millones de pesos cada una, pero cuya existencia material no pudo ser acreditada.

“Estamos ante un hecho de extrema gravedad institucional: vehículos incorporados al patrimonio municipal, con número de comprobantes y registro contable, pero completamente ausentes en la realidad. No están, no se usan y nadie puede explicar dónde están”, afirmó el concejal Smith. Los ediles aseguraron además que solicitaron explicaciones a los contadores municipales, aunque indicaron que no obtuvieron respuestas concretas sobre la operación.

La oposición también cuestionó el procedimiento administrativo utilizado para concretar la compra y planteó dudas sobre quién autorizó la operación, bajo qué mecanismo se realizó y si existió la ordenanza requerida por el artículo 70 de la Constitución Provincial. En paralelo, Smith envió una carta documento intimando al Ejecutivo municipal a exhibir los vehículos y facilitar el acceso a los expedientes administrativos vinculados a la compra.

Por su parte, la concejal Elizabeth Mercado denunció que pedidos de informes y solicitudes para que la intendente brinde explicaciones fueron bloqueados en comisión por el oficialismo, con acompañamiento del concejal de La Libertad Avanza. “Cuando se oculta información, cuando no se responde y cuando se bloquean los mecanismos institucionales de control, lo que queda es la sospecha”, sostuvo.

Además de la denuncia penal, los concejales realizaron una presentación ante el Tribunal de Cuentas de Misiones por presuntas irregularidades detectadas en el balance municipal. Según indicaron, esperan medidas del organismo y no descartan nuevas actuaciones judiciales en caso de comprobarse perjuicios contra la hacienda pública.

Fuente: Economis