El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ha visto reducidas sus facultades reguladoras, en un cambio normativo que, según críticos, limita su intervención en el mercado.

La reforma fue formalizada mediante el Decreto 812/2025, que modifica el Decreto 1240/2002, estableciendo explícitamente que el INYM “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda”.

En paralelo, el INYM derogó la Resolución 170/2021 mediante su propia Resolución 42/2025, lo que elimina el límite que cada productor tenía para plantar nuevas hectáreas de yerba mate (antes, un máximo de 5 ha al año o un 2 % de su superficie declarada).

Desde el INYM, afirman que la medida fue analizada legalmente por su Departamento Jurídico y que responde a una nueva visión institucional: pasar de un organismo regulador a uno con un rol más acotado, centrado en la calidad y no en intervenir directamente en precios o producción.

A su vez, voces del sector temen que la desregulación pueda afectar la rentabilidad y la sustentabilidad de las explotaciones yerbateras más modestas. Según un informe de la Universidad UADE, tras la desregulación algunos productores ya comenzaron a registrar una caída de ingresos, debido a la presión en los precios.

Este cambio marca un punto de inflexión para la industria de la yerba mate argentina. La pregunta ahora es si el mercado podrá “autorregularse” sin intervención estatal, o si la nueva dinámica favorecerá la concentración y debilitará a los pequeños productores.