El Gobierno nacional autorizó este miércoles el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida fue oficializada con la publicación de la Resolución 112/2026 en el Boletín Oficial, que habilita a empresas privadas a presentar ofertas para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de corredores clave de la red vial del país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el proceso licitatorio con la meta de “modernizar” la infraestructura vial y reemplazar el actual esquema por uno “sin subsidios”, con mayor participación del sector privado en el desarrollo y mantenimiento de las rutas nacionales.

La licitación se divide en cuatro tramos estratégicos que atraviesan cinco provincias: Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Los corredores contemplados son el Tramo Mediterráneo (672 km), que articula el centro productivo del país; el Tramo Puntano (720 km), eje para cargas de larga distancia; el Portuario Sur (637 km), que conecta accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte (528 km), que vincula polos industriales y puertos del centro argentino.

Los tramos incluyen rutas nacionales como la RN 7, RN 35, RN 8, RN 36, RN 9, RN 33 y accesos A005 y A008, entre otros corredores fundamentales para el tránsito de bienes y personas en varias regiones del país.

El llamado a licitación —que estará publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en la plataforma CONTRAT.AR— contempla la presentación de ofertas hasta el 7 de mayo de 2026, cuando se realizará la apertura de sobres. Más allá de la construcción y explotación, las empresas deberán garantizar la administración y el mantenimiento continuo de las rutas bajo un régimen de peajes.

La iniciativa forma parte del plan de expansión de la Red Federal de Concesiones, que busca atraer inversión privada a una red vial con importantes demandas de mantenimiento y mejor conectividad, al mismo tiempo que pretende aliviar el déficit fiscal asociado a la infraestructura vial.