El Gobierno argentino presentó formalmente la apelación contra el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien había ordenado la cesión del 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital. La apelación fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

El fallo de Preska, dictado en el marco del juicio por la expropiación de YPF en 2012, obliga al Estado a transferir sus acciones Clase D a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo de 14 días. La magistrada también autorizó a los demandantes a ejecutar el fallo por un monto estimado en 16 mil millones de dólares.

La administración de Javier Milei decidió apelar sin esperar la resolución del pedido de “stay” (suspensión de ejecución) presentado días atrás. Según argumenta el Estado argentino, el fallo es inconstitucional y carece de jurisdicción, ya que se basa en legislación extranjera sin respetar el marco legal argentino.

Detrás de la demanda se encuentran fondos buitres que presionan para forzar una negociación con el Gobierno. Especialistas sostienen que el objetivo de Burford es forzar un acuerdo económico, tras años de litigio por la nacionalización de la principal petrolera del país.