El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas, pacientes en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer. La medida fue formalizada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y generó preocupación entre organizaciones vinculadas a la salud y el transporte.
Según lo establecido en la normativa publicada este lunes en el Boletín Oficial, las empresas de transporte automotor interjurisdiccional ya no recibirán compensaciones económicas por los boletos gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. Sin embargo, la obligación de garantizar el acceso gratuito a los pasajes para los beneficiarios continuará vigente.
La decisión alcanza principalmente a las compañías de micros de larga distancia que operan entre provincias y modifica un esquema mediante el cual el Estado nacional reintegraba parte de los costos generados por esos traslados especiales. Desde el Gobierno argumentan que la medida forma parte de un proceso de reducción del gasto público y reorganización de subsidios estatales.
El régimen eliminado contemplaba compensaciones para los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del INCUCAI y menores diagnosticados con cáncer que deben trasladarse para recibir tratamientos médicos en distintos puntos del país. Aunque la gratuidad del boleto seguirá siendo obligatoria, el nuevo escenario genera incertidumbre respecto al impacto económico que podría recaer sobre las empresas transportistas.
La resolución se conoce en un contexto de fuertes ajustes sobre distintas áreas vinculadas al transporte y la asistencia estatal. En los últimos meses, el Ejecutivo nacional avanzó con reducciones de subsidios y modificaciones en distintos programas de financiamiento público, en línea con la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.
Hasta el momento, desde el sector empresario no hubo definiciones oficiales sobre cómo impactará la medida en la operatividad de los servicios, aunque existen interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema sin las compensaciones estatales. Organizaciones vinculadas a personas con discapacidad y pacientes en tratamiento también manifestaron preocupación por posibles dificultades futuras en el acceso efectivo a los traslados gratuitos.
