En medio del debate nacional por las modificaciones a la Ley de Glaciares, el abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, José Luis Fuentes, expresó su preocupación por el rumbo de la normativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias a largo plazo.

En diálogo con Portal Misiones, Fuentes explicó que Argentina cuenta con más de 16 mil glaciares, un número que fue clave en la discusión legislativa. “Estamos hablando de reservas estratégicas de agua dulce. El 1% de la cordillera abastece a ríos en grandes territorios del país”, señaló, al remarcar la importancia de estos ecosistemas para el abastecimiento hídrico.

Sobre el impacto en Misiones, aclaró que si bien no es directo, sí debe entenderse en un marco nacional. “Los daños en la naturaleza no nos afectan de manera inmediata en esta zona, pero es un bien de toda la humanidad. La falta de disponibilidad de agua dulce podría afectar a 7 millones de argentinos”, afirmó. En esa línea, insistió en que “desde Misiones tenemos que pensarlo como una patria, esto es de interés nacional”.

El especialista recordó que la legislación ambiental en Argentina se sustenta en los presupuestos mínimos establecidos en la reforma constitucional de 1994, cuyo objetivo es proteger recursos estratégicos. “Estas leyes ponen límites a la explotación de las provincias justamente para preservar bienes comunes. Estamos retrocediendo 30 años”, advirtió.

Fuentes también fue crítico con el accionar de los legisladores misioneros y cuestionó particularmente los argumentos vinculados al federalismo. “El federalismo no significa que las provincias puedan hacer cualquier cosa. Se confunde a la ciudadanía para justificar votos. Los siete diputados nacionales de Misiones hicieron un gran daño”, sostuvo, en referencia al acompañamiento a las modificaciones.

En cuanto al trasfondo del debate, el abogado planteó que existen fuertes intereses económicos detrás de los cambios. “El verdadero negocio es que multinacionales buscan leyes a su medida. Hay empresas que tienen más poder económico que algunos Estados y están detrás de estas decisiones”, afirmó. Y agregó: “Por suerte, la mayoría de la gente entiende que no todo vale lo mismo: sin agua no podemos vivir”.

Las modificaciones a la Ley de Glaciares impulsadas a nivel nacional apuntan a flexibilizar restricciones para actividades productivas, especialmente la minería y la explotación de recursos en zonas periglaciares. La normativa vigente protege estos territorios al considerarlos reservas fundamentales de agua, prohibiendo actividades que puedan dañarlos o contaminarlos.

Finalmente, Fuentes señaló que el debate está lejos de cerrarse y recordó antecedentes de resistencia social. “Esto se intenta modificar hace décadas y hubo pueblos movilizados que lo frenaron. Lo de ayer fue un triste capítulo en el Congreso”, expresó. En ese sentido, calificó la iniciativa como “una ley oscurantista, alejada del saber científico”, y advirtió que, de avanzar, “podría traer miseria, enfermedad y la destrucción de economías regionales”.