El diputado José Luis Espert quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que admite haber recibido 200.000 dólares, asegurando que el dinero provino de un servicio de asesoramiento privado para una empresa minera de Guatemala vinculada al empresario Fred Machado. Si bien afirmó que la operación fue legal y no estuvo ligada a su función pública ni a la campaña electoral, evitó aclarar por qué la transferencia se realizó desde una firma propiedad de Machado.

El hecho generó un fuerte revuelo en la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei salió rápidamente a respaldar a Espert, acusando al kirchnerismo de montar “una operación sucia”, en el propio oficialismo comenzaron a crecer las dudas y las tensiones internas. Integrantes del gabinete señalaron que la explicación dada hasta el momento resulta insuficiente y reclamaron mayor claridad sobre el origen de los fondos.

Entre los funcionarios más críticos se encuentran la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quienes remarcaron la necesidad de dar una respuesta convincente para despejar cualquier sospecha. La preocupación radica en el impacto que este escándalo puede tener sobre la gestión y, principalmente, en medio de un año electoral clave.

La controversia también repercutió en las filas de La Libertad Avanza, donde militantes y operadores de campaña admiten que la situación complica el trabajo territorial. Algunos expresaron su malestar por tener que defender la imagen de Espert en un contexto en el que se busca instalar un discurso de transparencia y lucha contra la corrupción.