El gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en todo el país luego de una grave escalada de violencia atribuida a estructuras criminales, principalmente pandillas, que incluyó motines simultáneos en cárceles, ataques armados contra fuerzas de seguridad y una creciente tensión en distintos puntos del territorio.
La medida fue dispuesta por el presidente Bernardo Arévalo a través de un decreto gubernativo que entró en vigencia de forma inmediata y deberá ser ratificado por el Congreso guatemalteco en los próximos días, tal como lo establece la Constitución. Desde el Ejecutivo señalaron que la situación de seguridad “superó la capacidad de respuesta ordinaria del Estado”, lo que motivó la aplicación de este régimen excepcional.
Según información oficial, el detonante del estado de sitio fue una serie de disturbios coordinados en centros penitenciarios, donde internos vinculados a pandillas protagonizaron motines y actos de violencia. A estos hechos se sumaron ataques directos contra efectivos de la Policía Nacional Civil, algunos de ellos con consecuencias fatales, lo que encendió las alarmas del gobierno ante un posible intento de desestabilización del orden público.
En este contexto, las autoridades sostienen que el accionar de las pandillas no se limitó al ámbito carcelario, sino que se extendió a las calles, afectando la seguridad ciudadana y desafiando de manera directa la autoridad del Estado. El presidente Arévalo afirmó que el objetivo central del estado de sitio es recuperar el control territorial, garantizar la seguridad de la población y desarticular a las organizaciones criminales que operan en el país.
El estado de sitio permite al Ejecutivo restringir temporalmente ciertos derechos constitucionales, como la libertad de reunión y de circulación, además de habilitar detenciones y controles sin los requisitos habituales, siempre bajo el marco legal previsto para situaciones de emergencia. No obstante, el gobierno aseguró que derechos fundamentales como el derecho a la vida y la integridad personal continúan plenamente vigentes.
