En un fallo sin precedentes para la justicia misionera, el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, autorizó que cinco organizaciones de defensa animal participen como querellantes en la causa que investiga al intendente de Guaraní, Miguel Ángel Vargas. El jefe comunal está en la mira tras la desaparición de más de 20 canes que se encontraban en un predio local, en un caso caratulado preventivamente como presunto maltrato animal.

La medida fue calificada como «insólita» y un hito judicial por los activistas. En dialogo con Portal Misiones, Fernando Piesco, fundador del Centro Ohana y uno de los impulsores de la querella, destacó la relevancia de este paso: «Nunca se había aprobado que las organizaciones participen en esta instancia judicial. Es un hecho aberrante; siempre exponemos que la violencia hacia los animales es el inicio de la violencia hacia las personas», afirmó en diálogo con Portal Misiones.

Las dos versiones: ¿Adopción o matanza?

La investigación busca determinar el paradero de los animales. El intendente Vargas sostuvo ante la policía que los perros fueron entregados en adopción a vecinos de la zona porque ninguna protectora quiso recibirlos. Sin embargo, desde la querella desconfían de esta versión. «No nos van a vender gato por liebre. Muchos muestran fotos de perros parecidos diciendo que se dieron en adopción, pero no está demostrado», sentenció Piesco, añadiendo que hay 12 personas imputadas que deberán declarar para esclarecer dónde están las 23 vidas.

Un reclamo por políticas de Estado

Para los proteccionistas, el accionar del municipio fue el opuesto al que dicta la norma. Piesco subrayó que, en lugar de la desaparición, el jefe comunal debió garantizar atención veterinaria y seguimiento. «La solución a la sobrepoblación no es matarlos, sino realizar castraciones masivas, jornadas de adopción y concientización escolar», explicó, enfatizando que las organizaciones suelen hacer el trabajo que el Estado abandona.

El juez Alarcón ya ordenó tomar testimonios a vecinos, al veterinario interviniente y a la concejal que denunció el hecho. La comunidad de Guaraní y las redes proteccionistas de toda la provincia permanecen en alerta bajo una consigna clara: Verdad y justicia por los 23 desaparecidos para que un atropello de esta magnitud no se repita nunca más.