El Gobierno nacional oficializó la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, la principal terminal marítima de Tierra del Fuego, por un plazo de 12 meses, ante la detección de presuntas irregularidades financieras, uso indebido de fondos y falencias en la infraestructura operativa y de seguridad, según comunicaron fuentes oficiales. Fuente: N/A.
La medida fue formalizada a través de la Resolución N.º 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial, y dispone que el organismo nacional asuma la gestión administrativa, técnica y operativa de la terminal por el período establecido.
El Gobierno argumentó que la intervención responde a una combinación de factores que comprometen la operatividad y seguridad del puerto, entre ellos el uso de recursos portuarios para fines distintos a la actividad marítima, la desinversión sostenida en infraestructura clave y un deterioro estructural evidente en muelles, sistemas contra incendios y otros elementos esenciales.
El Puerto de Ushuaia es considerado un enclave estratégico para la logística regional y la proyección antártica de Argentina, además de ser un centro neurálgico para el tráfico de cruceros en el extremo sur del país.
Uso de recursos y riesgo operativo, ejes de la decisión
Según el análisis oficial, durante el ejercicio 2024 una parte significativa del superávit generado por el puerto fue transferida a otros gastos provinciales, situación que —según la ANPyN— contraviene el Convenio de Transferencia entre Nación y provincia, que establece que los ingresos portuarios deben ser reinvertidos exclusivamente en su operación y desarrollo. Además, la entidad detectó deficiencias que afectarían la seguridad operativa y la continuidad de la actividad marítima si no se toman medidas correctivas.
La resolución también contempla la suspensión de la habilitación del puerto por 12 meses, aunque su aplicación se difirió para no interrumpir la actual temporada de cruceros 2025–2026 ni afectar el abastecimiento de Tierra del Fuego durante el verano austral.
Rechazo de autoridades provinciales y tensión institucional
La intervención generó críticas por parte de autoridades fueguinas. El gobernador Gustavo Melella calificó la medida como “injustificada e irresponsable”, y aseguró que el puerto opera con normalidad y cumple con estándares internacionales en plena temporada de cruceros. Además, anunció que el Gobierno provincial podría recurrir a la Justicia para impugnar la decisión.
También se conocieron repudios desde la Dirección Provincial de Puertos, que cuestionaron la decisión nacional por considerarla “carente de fundamentos técnicos y jurídicos”, así como contradictoria en algunos de sus aspectos.
