La abogada de la mujer que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Liliana Rolón, brindó detalles sobre el avance de la causa judicial que involucra al jefe comunal Mario Darío Peyer. La letrada explicó que se trata de una denuncia que derivó en un requerimiento de instrucción formal ante la Justicia.
“Hay una denuncia por abuso. Tenemos que aclarar que es una denuncia por requerimiento de instrucción formal, lo que significa que hay elementos suficientes para recurrir a esa instancia”, señaló Rolón. Según precisó, el procedimiento judicial comenzó el 27 de febrero, cuando se inició la diligencia de oficios, y el 3 de marzo se constituyó como querellante particular en representación de la denunciante.
La abogada indicó además que recientemente el juez interviniente dictó una resolución que incluye diversas medidas judiciales. “El día de ayer salió una resolución con un acto de allanamiento, requisa, secuestro y eventual detención del intendente”, explicó. Sin embargo, aclaró que el jefe comunal no fue detenido hasta el momento debido a los recaudos legales que deben evaluarse en relación con los fueros que podría tener por su cargo.
En ese sentido, Rolón sostuvo que la inmunidad vinculada a la función pública no implica impunidad. “El intendente tiene inmunidad funcional, pero no tiene inmunidad penal absoluta. La inmunidad no significa impunidad”, remarcó. Asimismo, indicó que la Justicia analiza el alcance de esos fueros para poder avanzar con la presentación de pruebas dentro del proceso penal.
Consultada sobre el rol del Concejo Deliberante de Caraguatay, la abogada cuestionó que el tema no haya sido abordado en la última sesión. “Ayer el Concejo Deliberante estuvo reunido y el tema no se tocó, eso es grave”, afirmó. También señaló que el presidente del cuerpo, Fleitas, no planteó la situación durante el encuentro, al sostener que la cuestión será tratada por la Justicia. “Tienen que hacer por lo menos una presentación”, agregó.
Rolón explicó que actualmente la mujer denunciante se encuentra de licencia y que la causa avanza con la recolección de pruebas, entre ellas el testimonio de la víctima y pericias psicológicas para determinar el estado emocional y el posible daño sufrido.
Finalmente, la abogada señaló que el intendente continúa en funciones mientras se desarrolla la investigación judicial y subrayó la necesidad de respetar el proceso. “Hay que tener en cuenta una situación de respeto a las dos partes, tanto de la víctima como de los imputados”, concluyó.
