El Poder Ejecutivo remitió al Congreso una propuesta de reforma integral del Código Penal que introduce 22 modificaciones clave orientadas a endurecer penas, actualizar figuras delictivas y modernizar el sistema penal argentino. Se trata de la reforma más amplia en más de un siglo y apunta a responder a nuevas modalidades delictivas y a reforzar la persecución de crímenes graves.

Entre los puntos centrales del proyecto, se destaca el endurecimiento de penas para delitos como homicidio agravado, corrupción, narcotráfico, abuso sexual infantil, trata de personas y delitos vinculados a siniestros viales. La reforma establece además que la prisión perpetua será “de por vida” y que un amplio porcentaje de los delitos contemplados implicará cumplimiento efectivo de la pena, sin posibilidad de morigeraciones tempranas.

Otra de las transformaciones relevantes es la imprescriptibilidad de una serie de crímenes, entre ellos los de abuso sexual contra menores, determinados homicidios agravados y hechos de corrupción pública. El objetivo es garantizar que delitos de alto impacto social no queden impunes con el paso del tiempo.

El proyecto también incorpora nuevas figuras delictivas adaptadas a la realidad contemporánea: delitos informáticos como fraude digital, usurpación de identidad o “pornovenganza”; delitos ambientales con la inclusión del concepto de ecocidio; y figuras vinculadas a violencia en espectáculos deportivos o masivos. Asimismo, se introduce un capítulo específico para proteger el patrimonio histórico y cultural, con sanciones por daño o tráfico de bienes culturales.

Entre las 22 reformas se suman también mayores herramientas contra el crimen organizado, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, reforzando las capacidades del Estado para perseguir redes delictivas complejas. El Gobierno sostiene que la actualización apunta a cerrar grietas del sistema penal y a enfrentar delitos que antes no estaban contemplados o lo estaban de forma insuficiente.

Con el envío del proyecto, se abre ahora el debate legislativo que definirá la aprobación o la modificación de estas 22 reformas estructurales, consideradas por el oficialismo como un paso decisivo para modernizar y fortalecer el sistema penal argentino.