El Gobierno Nacional volvió a recurrir a una estrategia que se repite: postergar impuestos para contener el impacto inmediato, mientras los precios en surtidores siguen en alza. A través del decreto 217 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo decidió aplazar por 30 días la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), llevando la medida hasta el 1 de mayo.
La decisión se presenta como un intento de frenar un nuevo golpe al bolsillo ante la suba internacional del petróleo. Sin embargo, los datos muestran que el impacto en los consumidores ya viene ocurriendo —y con fuerza— desde principios de año, incluso sin la aplicación plena de estos impuestos.
En apenas tres meses, los combustibles registraron aumentos significativos. La Infinia Diesel pasó de $1.949 en enero a $2.461 en abril, lo que representa un incremento cercano al 26%. La nafta súper subió de $1.693 a $2.124, un aumento de aproximadamente el 25%. En tanto, la nafta Infinia trepó de $1.938 a $2.362 (casi un 22%), mientras que el diésel 500 pasó de $1.749 a $2.254, con una suba que ronda el 29%.
Estos números reflejan una constante: aunque el Estado difiera la carga impositiva, los precios finales continúan ajustándose mes a mes. En ese sentido, la postergación del impuesto no implica un alivio real, sino apenas una desaceleración temporal de un proceso de aumentos que ya está en marcha.
La medida también deja en evidencia una contradicción en la política económica. Por un lado, el Gobierno busca evitar un impacto directo en el corto plazo; por otro, mantiene un esquema donde los incrementos se aplican de manera fragmentada, pero sostenida. El resultado es el mismo: una presión creciente sobre el costo de vida, especialmente en regiones como el interior del país, donde el transporte depende fuertemente del combustible.
Con este nuevo aplazamiento, el Ejecutivo gana tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. Si la tendencia continúa, el 1 de mayo no marcará el inicio de los aumentos, sino simplemente la formalización de subas que, en la práctica, los consumidores ya vienen pagando desde hace meses.
