El debate por la reforma de la Ley de Salud Mental a nivel nacional genera preocupación en las provincias. Desde Misiones, el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Nicolás Aranda, cuestionó los cambios propuestos y alertó sobre el impacto que podrían tener en el sistema sanitario local.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone modificar los criterios de internación involuntaria, reemplazando el concepto de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio de “riesgo grave”. Además, plantea una mayor intervención de los psiquiatras en estos procesos y busca agilizar las internaciones en situaciones críticas, lo que implica un cambio respecto al modelo actual, basado en abordajes interdisciplinarios y con mayores controles.

En ese contexto, Aranda fue contundente: “Esto es un retroceso, es volver a que los psiquiatras tienen la potestad”, afirmó. A su vez, remarcó una de las principales limitaciones del sistema: la escasez de profesionales. “Para todo el país tenemos 3 mil psiquiatras y menos de 500 psiquiatras infanto-juveniles”, señaló.

El funcionario también cuestionó que la reforma no contempla las realidades del interior. “Los que redactan la ley no saben la realidad de las provincias”, sostuvo.

Otro de los puntos que genera inquietud es la exigencia de intervención médica para las internaciones. “O si no, un médico clínico tendría que firmar para una internación psiquiátrica, algo impensable, porque la mayoría no está preparada para diagnósticos de salud mental y son reacios a firmar”, explicó.

En esa línea, advirtió sobre un posible retroceso hacia modelos más centralizados. “¿Qué haremos? ¿Volveremos a concentrarnos en el hospital Carrillo?”, planteó, al tiempo que recordó experiencias pasadas: “Antes el juez determinaba las internaciones y eso llevaba a que personas estén 30 o 40 años sin fin terapéutico”.

Aranda indicó además que el proyecto ya ingresó al Senado y que Misiones participó en la mesa federal junto a otras provincias. “Nosotros como Ministerio podemos intervenir en resoluciones, pero ahora quedará dialogar con los legisladores a ver qué puede pasar”, expresó.

Finalmente, puso en valor el origen de la normativa vigente y anticipó posibles reacciones. “Esta ley surge de una lucha social para concientizar la problemática. No me extrañaría que haya una gran marcha”, concluyó.