La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó a la jueza Zunilda Niremperger que se reconozca como crimen de lesa humanidad el asesinato de Carlos Enrique Tereszecuk, militante político y social desaparecido en noviembre de 1976 durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

El requerimiento busca establecer que Tereszecuk fue secuestrado por razones políticas, alojado y torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia, para luego ser asesinado y arrojado al río Paraná. Su cuerpo fue sepultado como NN en el cementerio de Empedrado, Corrientes. Además, se solicita que se determine el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado.

La solicitud se enmarca en el fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976 (los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero) y la imposibilidad de avanzar en la identificación de otros responsables. Los familiares, en calidad de víctimas de un crimen de lesa humanidad, reclaman una sentencia que reconstruya los hechos con un sentido reparador y que aporte a la memoria histórica.

Biografía:

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Tuvo una activa militancia estudiantil y política en Misiones, siendo electo en 1974 vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones. En 1975 participó en la campaña electoral del Partido Auténtico y fue secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long. En 1975 sufrió un intento de secuestro por parte de civiles armados en la Cámara de Diputados, logrando escapar y pasando a la clandestinidad. En 1976 se refugió en Corrientes, hasta ser visto como detenido político, muy torturado, en la Jefatura de Policía de Resistencia.

Tras el regreso de la democracia, su hermano Norberto denunció el caso ante la CONADEP y el Juzgado Federal de Resistencia. En 2018, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó su identidad.

La Fiscalía subraya que el caso forma parte de una práctica sistemática del terrorismo de Estado: la desaparición de personas arrojando sus cuerpos al río Paraná. Se espera que la jueza Niremperger dicte una resolución que reconozca el derecho a la verdad en este caso y aporte a la memoria histórica del país.