El Gobierno nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias que comenzaron el 2 de febrero de 2026 para debatir y tratar una serie de proyectos considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo antes del inicio del período ordinario de sesiones. La agenda incluye reformas estructurales en áreas como el trabajo, la justicia, el medio ambiente y la legislación penal, en un contexto de intenso debate político en ambas cámaras del Parlamento argentino.
Uno de los principales proyectos que el Ejecutivo busca aprobar es la reforma laboral, impulsada como “Ley de Modernización Laboral”. Esta iniciativa propone modificar aspectos del régimen de trabajo, tales como la reducción de los costos laborales, cambios en la regulación de indemnizaciones, vacaciones, horas extras y la figura de la ultraactividad de los convenios, con la intención declarada de simplificar y flexibilizar las relaciones laborales en el país. La reforma genera fuertes discusiones entre sectores sindicales y empresarios por su impacto en derechos laborales históricos.
Otro de los proyectos que concentra atención es la reforma del régimen penal juvenil, una propuesta que pretende bajar la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años para ciertos delitos graves. El objetivo declarado por el oficialismo es otorgar al sistema judicial herramientas para responder a hechos violentos cometidos por adolescentes, aunque la medida ha sido objeto de amplio debate por organismos de derechos humanos y especialistas en infancia sobre sus posibles efectos sociales y jurídicos .
Dentro de la agenda ambiental figura la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto que busca flexibilizar las condiciones para la explotación de recursos naturales en zonas cubiertas por la normativa actual, permitiendo actividades productivas en áreas que hasta ahora estaban protegidas. Esta iniciativa ha generado críticas de organizaciones ecologistas, que advierten sobre el impacto potencial sobre los recursos hídricos y el medio ambiente, mientras que sectores productivos sostienen que facilitará inversiones y desarrollo .
Además de estos temas, el temario de extraordinarias contempla la discusión de otras normas vinculadas a la estabilidad fiscal y monetaria, planteadas para consolidar el equilibrio presupuestario del Estado, y posibles reformas al Código Penal general, que incluirían endurecimientos de penas para delitos graves, la incorporación de nuevos tipos penales y la actualización de un cuerpo normativo que data de principios del siglo XX, ampliando su alcance y herramientas para la acción judicial.
