El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en idioma inglés de su personal, una decisión que generó atención pública y críticas por el vínculo familiar entre la entidad beneficiaria y un alto funcionario del Gobierno.
La AACI, que recibirá el contrato por un período inicial de nueve meses —con posibilidad de prórroga por un plazo igual—, está dirigida por María Josefina Rouillet, quien es esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rouillet ocupa el cargo de directora ejecutiva de la asociación al menos desde septiembre de 2020, según documentación oficial.
La contratación se tramitó mediante la figura de Adjudicación Simple por Especialidad, un procedimiento contemplado en el régimen de compras públicas para servicios con características específicas. Ante el vínculo conyugal entre la directora de la asociación y Sturzenegger, el expediente activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017, lo que llevó a la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI, con el objetivo de añadir un compromiso formal que prevenga sobornos y conflictos de interés.
Según detalla el expediente, la propuesta para brindar los cursos fue elaborada y presentada por Rouillet en representación de la AACI. El contrato fue publicado en el sistema COMPR.AR, donde figura la adjudicación formalizada a través de la disposición administrativa correspondiente.
El servicio contratado incluye la capacitación de personal de Cancillería en diferentes niveles del idioma inglés, así como talleres especializados y exámenes de nivelación, con clases presenciales programadas en la sede de la asociación en la ciudad de Buenos Aires.
La decisión generó críticas de sectores de la oposición, que consideran que este tipo de adjudicaciones abiertas a cuestionamientos debe evitarse para garantizar la transparencia en la gestión pública. En este sentido, la senadora nacional Juliana Di Tullio anunció que presentará una denuncia ante la Justicia Federal contra Sturzenegger y su esposa por considerar “irregular” la contratación, argumentando posibles conflictos de interés derivados del vínculo familiar.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales de Sturzenegger ni de Cancillería más allá de señalar que el proceso cumplió con las normativas vigentes y que se activaron los mecanismos de control correspondientes.
