La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Caraguatay prevista para este viernes 13 de marzo fue suspendida por falta de participación de concejales y finalmente se reprogramó para el próximo lunes 16. El encuentro legislativo tenía como objetivo analizar la situación institucional del intendente Mario Peyer, quien enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual.
La convocatoria había sido solicitada por la concejal Norma Gularte, integrante del Concejo Deliberante y actualmente vinculada al espacio de La Libertad Avanza. El pedido se realizó invocando el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades de Misiones (Ley XV N°5), que permite solicitar sesiones extraordinarias ante situaciones urgentes.
En diálogo con Portal Misiones, Gularte explicó que la sesión no pudo iniciarse debido a la ausencia del presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Fleitas. “No está presente el presidente del Concejo Deliberante y por eso no pudimos comenzar las sesiones”, señaló. Durante la jornada también se realizó una inspección ocular para analizar la situación institucional y la eventual asunción de autoridades.
Consultada sobre quién debería asumir en caso de producirse una vacancia, la edil indicó que le correspondería ocupar el cargo. “Asumiría yo, soy la siguiente en la banca”, afirmó. Ante la consulta sobre si podría asumir perteneciendo a otro espacio político, sostuvo que “es completamente legal, es lo que ampara la ley”.
Respecto de la denuncia por abuso sexual contra el jefe comunal, Gularte evitó profundizar en el tema. “La justicia determinará, no quiero hablar por respeto a la familia”, expresó, aunque reconoció que preferiría llegar a ese cargo por vía electoral: “Me gustaría asumir en las urnas, no así, pero es lo que ampara la ley”.
El caso generó fuerte repercusión política en la provincia. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, solicitó públicamente que el intendente Peyer pida licencia en su cargo y se ponga a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación judicial.
La denuncia fue presentada el 25 de febrero por una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay ante la Fiscalía de Puerto Rico, y actualmente es investigada por el Juzgado de Instrucción N°1 de esa jurisdicción, que dispuso medidas preventivas mientras continúa el proceso.
