El Concejo Deliberante de Santa Ana sesionó este lunes con una intensa presencia de ciudadanos para analizar el balance municipal del primer trimestre de 2025. Durante esa sesión, los concejales decidieron rechazar el pedido del Ejecutivo para una ampliación presupuestaria destinada al último trimestre del año.

El rechazo se sustentó en la falta de claridad en la rendición de cuentas del período analizado. En particular, llamaron la atención sobre que no se habría ejecutado ningún peso del fondo específico para salud pública, lo que generó fuertes cuestionamientos internos incluso desde sectores oficialistas.

Durante la sesión, vecinos que habían sido denunciados por la intendenta Mabel Pezoa entregaron una nota formal al Concejo para repudiar lo que calificaron de “prácticas persecutorias” por parte del Ejecutivo. Aseguraron que algunas denuncias involucran a personas que no participaron de las manifestaciones recientes, tras la muerte de un niño de 8 años, lo que según ellos evidencia una intención de “criminalizar la expresión ciudadana”.

Además, empleados municipales aprovecharon el debate para exponer la crítica situación salarial: denunciaron que durante 2025 no recibieron aumentos, pese a la inflación y los costos de vida crecientes.

En medio del clima tenso, vecinos aprovecharon la oportunidad para requerir al Concejo que ejerza un control más estricto sobre los gastos del Ejecutivo y brinde respuestas concretas sobre el uso de los recursos públicos.