En una audiencia pública realizada este martes en Posadas, representantes de las empresas concesionarias del transporte urbano expusieron una tarifa técnica que asciende a $4.755,72 por pasaje, un valor que refleja los costos reales de operación sin subsidios estatales y que impacta en la discusión sobre la sustentabilidad del sistema en toda la provincia de Misiones.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Parque de la Ciudad, no se inscribieron vecinos para participar, por lo que la presentación del cálculo estuvo centrada en el representante de la Empresa Unida del Transporte Automotor (EUTA). Allí se detalló que la tarifa técnica surge de los costos de combustible, salarios, mantenimiento y otros gastos operativos, tomando como base la situación económica actual.

El monto de $4.755,72, aunque no representa lo que pagarían los usuarios directamente, causa preocupación porque expone el fuerte desfasaje entre el costo real del servicio y la tarifa comercial vigente. Ese diferencial, por el momento, es cubierto mediante subsidios provinciales y otras herramientas financieras, pero genera un desafío para las finanzas públicas y el futuro del transporte urbano en toda la región misionera.

Autoridades del Municipio y de la Subsecretaría de Transporte provincial serán quienes, en las próximas semanas, analicen la propuesta y definan si se ajustará el cuadro tarifario actualmente en vigencia en Posadas, Garupá y Candelaria. Cabe recordar que en enero del año pasado se estableció un tarifario para usuarios que diferencia el costo según la modalidad de pago: por ejemplo, en Posadas el boleto con tarjeta SUBE o QR superó los $1.000, mientras que sin sistemas electrónicos tiene un valor mayor.

Desde distintos sectores se destacó la importancia de avanzar hacia un sistema de transporte económicamente viable pero accesible para los vecinos, en especial para quienes dependen del servicio diariamente y para sectores como estudiantes, jubilados o trabajadores con ingresos fijos.

La audiencia forma parte de un debate más amplio que incluirá a organismos provinciales, municipales, empresas del sector y potencialmente a representantes de usuarios, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio sin descuidar el bolsillo de los misioneros y misioneras.