El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial. A pesar de su publicación en el Boletín Oficial a través del Decreto 681/2025, la aplicación de la ley quedó suspendida hasta tanto el Congreso precise las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas necesarias al presupuesto nacional.

Se estima que el costo de implementación alcanzará los $2,1 billones en 2025 (equivalente al 0,26 % del PBI) y $4,7 billones para 2026 (0,47 % del PBI). Además, se suman gastos para el “Programa Incluir Salud” y compensaciones a prestadores.

El Ejecutivo justificó el retraso señalando que el proyecto no cuenta con una fuente concreta, específica, actual y suficiente de recursos, como exige la ley financiera vigente, y advirtió que reasignar partidas ya existentes no alcanza para afrontar la magnitud del gasto.

Mientras tanto, mediante la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso reforzar los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar pagos a prestadores, con vigencia desde el 1° de octubre, aunque esto no sustituye la efectiva puesta en marcha de la emergencia declarada por la nueva norma.