En 2007, Argentina implementó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, una herramienta crucial para la conservación de sus ecosistemas. Sin embargo, tras más de una década desde su sanción, la realidad muestra una implementación parcial y una subfinanciación alarmante que amenaza el futuro de estos valiosos recursos naturales.

La ley establece en su artículo 31 que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debe contar con un presupuesto mínimo del 0,3% del total del Presupuesto Nacional. Para el año 2025, esta cifra debería alcanzar los 352.664 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo solo asigna 9.090 millones de pesos, un 2,5% de lo estipulado. Esta tendencia de subfinanciación no es nueva, ya que desde su sanción, el Fondo nunca ha recibido el presupuesto completo que le corresponde.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, enfatiza la insuficiencia de estos recursos: “Con 170 pesos al año por hectárea, es evidente que no se puede cuidar adecuadamente un bosque”. Sin un respaldo financiero adecuado, las provincias se ven limitadas en su capacidad de fiscalización y control, y los propietarios de terrenos con bosques nativos carecen de incentivos para promover un uso sustentable de los recursos.

Aunque la Ley de Bosques logró reducir la tasa de deforestación hasta 2019, la situación ha cambiado. La intensificación de incendios forestales y la expansión de actividades agropecuarias y urbanísticas han revertido la tendencia, provocando pérdidas significativas de bosques, incluso en áreas donde la deforestación está prohibida.

Los bosques nativos son esenciales, no solo por los servicios ecosistémicos que brindan—como la regulación de ciclos hídricos, el hábitat para miles de especies y la mitigación del cambio climático—sino también por su papel en la prevención de desastres naturales y en la mejora de la calidad del aire y el agua. Su desaparición acarrea consecuencias sociales, ambientales y económicas graves, muchas de ellas irreversibles.

La falta de cumplimiento de la Ley de Bosques se traduce en desmonte ilegal en áreas protegidas y en un control insuficiente de estas actividades. A pesar de contar con sistemas de monitoreo como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, más del 70% de la pérdida de bosque ocurre en zonas que deberían estar resguardadas. La creación de un registro nacional de infractores podría facilitar una mejor coordinación de acciones entre jurisdicciones y mejorar las sanciones para quienes violan la normativa.

Jaramillo subraya que cumplir con la ley y asignar los recursos necesarios es una obligación legal y una oportunidad para un verdadero desarrollo económico y social. Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere no solo voluntad política, sino también un aumento significativo en la asignación de recursos y mejoras en los procesos de control y fiscalización.

La protección de nuestros bosques nativos es un desafío que necesita atención urgente. La salud de nuestros ecosistemas, y por ende, de las comunidades que dependen de ellos, está en juego. Es fundamental que se priorice la conservación y se actúe de manera efectiva para garantizar un futuro sostenible para Argentina.