La decisión del presidente Javier Milei de trasladar de forma definitiva el sable corvo de José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo ha desatado una fuerte ola de rechazos en el ámbito académico y cultural. A través del Decreto 81/2026, el Poder Ejecutivo derogó la medida de 2015 que garantizaba la exhibición pública de la reliquia en un entorno museológico, devolviéndola a una custodia estrictamente militar en el barrio de Palermo.
Desde la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) calificaron la medida como «desafortunada» y advirtieron que sienta un «antecedente preocupante». Según los especialistas, subordinar criterios técnicos y museológicos a decisiones políticas discrecionales debilita la protección del patrimonio nacional. Argumentan que el sable, al ser retirado del MHN, pierde su contexto narrativo junto a otros objetos del Libertador, quedando «seccionado» de la memoria social para ser recluido en un ámbito castrense de acceso más restringido.
El trasfondo de la disputa
Fuentes cercanas al ámbito cultural sugieren que el traslado es una respuesta política al conflicto ocurrido el pasado 25 de mayo, cuando el entonces director del Museo, Gabriel Di Meglio, se habría opuesto a prestar la histórica pieza para un acto oficial. Tras el desplazamiento de Di Meglio en junio pasado, el Gobierno avanzó ahora con el retiro físico de la pieza más preciada del museo, lo que muchos interpretan como una «represalia institucional» y un intento de «militarizar» la figura de San Martín.
Incluso voces vinculadas a la historia federal se sumaron al reclamo. Lucía Ezcurra, descendiente directa de Juan Manuel de Rosas, criticó con dureza la medida recordando que el sable fue legado por San Martín a Rosas por su defensa de la soberanía, y que la voluntad de los donantes (la familia Terrero-Rosas) fue que la pieza permaneciera en el Museo Histórico Nacional para el disfrute de todo el pueblo argentino, y no bajo resguardo de una fuerza específica.
Seguridad vs. Acceso Público
Si bien el decreto oficial justifica el traslado por «razones de seguridad e integridad», recordando los robos sufridos por la pieza en la década del 60, los museólogos sostienen que las instituciones modernas cuentan con tecnología suficiente para garantizar la protección sin necesidad de retirar los bienes del circuito público. La medida abre un debate profundo sobre quién debe custodiar los símbolos patrios: si el Estado a través de sus museos nacionales o las Fuerzas Armadas como herederas de la tradición militar.
