El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones oficializó la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta que concentrará la información de personas físicas y jurídicas sancionadas por incumplir la normativa ambiental. La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 182, publicada en el Boletín Oficial, y busca fortalecer los controles, unificar los antecedentes y mejorar las tareas de fiscalización en toda la provincia.

El nuevo registro incluirá todas las infracciones relacionadas con bosques nativos, áreas naturales protegidas, recursos hídricos, fauna silvestre, manejo del fuego, evaluación de impacto ambiental, residuos, conservación de suelos, productos fitosanitarios y otras normas ambientales vigentes. Además, reunirá información sobre los expedientes, la identidad del infractor, las sanciones impuestas, las medidas de remediación y los antecedentes por reincidencia.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que quienes figuren en el RePIA no podrán acceder a nuevas autorizaciones, habilitaciones o permisos ambientales, ni solicitar subsidios, incentivos fiscales o líneas de crédito vinculadas al área. Tampoco podrán desempeñarse como consultores en estudios de impacto ambiental, integrar comisiones de consulta ni desarrollar determinadas actividades dentro de Áreas Naturales Protegidas, salvo excepciones debidamente justificadas por razones de interés público.

La normativa también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), un documento que acreditará la situación ambiental de personas y empresas y que será requerido para diversos trámites ante el Ministerio de Ecología. El certificado tendrá una vigencia de seis meses y permitirá verificar si el solicitante registra sanciones o incumplimientos ambientales.

En cuanto a la permanencia en el registro, la resolución establece que los infractores permanecerán inscriptos durante tres años cuando hayan cumplido la sanción, cuatro años en caso de reincidencia y hasta el efectivo cumplimiento si la sanción continúa pendiente. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer la prevención de los delitos ambientales, mejorar la trazabilidad de las infracciones y contar con un sistema unificado para el control y seguimiento de quienes incumplen la legislación vigente.