El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que modifica el régimen tributario y penal tributario con el objetivo declarado de redefinir la relación entre los contribuyentes y el Estado y simplificar los mecanismos de control fiscal.

La Inocencia Fiscal, oficialmente denominada Régimen Penal Tributario y del Procedimiento Tributario, introduce cambios importantes en la legislación vigente. Entre las modificaciones se elevan de forma significativa los umbrales a partir de los cuales se considera que existe evasión penal, ampliando esos límites para evitar que infracciones menores deriven automáticamente en causas penales.

La normativa también reduce los plazos de prescripción del delito tributario, pasando de cinco a tres años, y establece un régimen simplificado de declaración jurada para ciertos contribuyentes, con el objetivo de facilitar la regularización fiscal en algunos casos.

Además, se incorpora la posibilidad de regularizar deudas fiscales cancelando la obligación principal y sus intereses antes del inicio de acciones penales, lo que evita automáticamente la apertura de procesos judiciales en situaciones específicas.

La Ley de Inocencia Fiscal fue convertida en ley por el Senado de la Nación a fines de diciembre de 2025, tras haber obtenido media sanción en Diputados.

Las autoridades sostienen que la norma marca un “cambio de paradigma” en el enfoque del fisco, buscando que el Estado demuestre la culpabilidad antes de iniciar acciones penales y promoviendo la regularización voluntaria de situaciones impositivas, lo cual, según el Gobierno, podría incluso incentivar la incorporación de ahorros no declarados a la economía formal.

La medida forma parte de una serie de reformas tributarias y económicas impulsadas por la administración nacional, en un contexto de debate amplio sobre el rol del derecho penal en materia fiscal y la modernización del sistema impositivo argentino.