Nota opinión: "El Laberinto del DNU 70/2023... ¿Que genera en Misiones?"

Las grietas locales de una Macro-Desregulación

A menudo, la verdadera naturaleza de los giros políticos e institucionales de una nación no se revela en los debates abstractos de la capital, sino en los detalles específicos de las provincias. La reciente entrevista radial mantenida en Portal Misiones Radio por el diputado nacional y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en el programa Protagonistas, ofrece una radiografía sobre cómo la estrategia de desregulación económica masiva impulsada por el Poder Ejecutivo nacional ha derivado en un atolladero parlamentario y en una seria amenaza para la arquitectura federal argentina.

Lo que en la superficie se presenta como un intento de modernización administrativa y apertura de mercados, observado desde el territorio expone una profunda colisión entre las necesidades estratégicas de los frentes provinciales y la lógica del centralismo. A través del análisis del recorrido legislativo de la frustrada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" y de la posterior promulgación del emblemático Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, queda al descubierto un mecanismo que fuerza a las provincias a elegir entre la preservación de sus matrices productivas locales o la adopción intempestiva de reformas diseñadas desde la capital.

La "Ley Pelada" y la Defensa Territorial: Las Líneas Rojas de Misiones

El origen del conflicto actual se remonta a un proyecto normativo estancado en el Senado nacional que buscaba enviar señales de apertura a los mercados internacionales bajo el título de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. No obstante, al ingresar a las comisiones parlamentarias, los representantes de la provincia de Misiones detectaron dos disposiciones que vulneraban sus intereses estructurales insustituibles.

En primer término, el proyecto planteaba eliminar o flexibilizar el límite legal del 15% a la extranjerización de la tierra. Como argumenta el diputado Herrera Ahuad, este umbral no constituye un mero capricho administrativo, sino un pilar de soberanía y geopolítica interna. Misiones opera geográficamente como una cuña incrustada entre Brasil y Paraguay, con fronteras internacionales en casi la totalidad de su perímetro, y alberga recursos naturales de valor estratégico crítico, incluyendo la biodiversidad de sus bosques nativos y reservas vitales de agua dulce pertenecientes al Acuífero Guaraní. Permitir la compra irrestricta de grandes extensiones por parte de fondos de inversión multinacionales implicaría ceder el control de la planificación territorial y ambiental de la provincia.

En segundo lugar, la iniciativa buscaba modificar la Ley de Manejo del Fuego, alterando los plazos de inhabilitación —que fijan restricciones de entre 30 y 60 años— para el cambio de uso de suelo en tierras afectadas por incendios forestales. En una jurisdicción golpeada recientemente por devastadores incendios, flexibilizar estos plazos fue interpretado como un incentivo directo para que el fuego sea utilizado como una herramienta ilegítima de desmonte especulativo e inmobiliario.

Frente a estas líneas rojas, el bloque misionero logró que el Senado aprobara la ley quitando ambos artículos. Sin embargo, al ser remitida a la Cámara de Diputados, la norma llegó despojada de las reformas estructurales que entusiasmaban al oficialismo. Ante el desinterés de promover un texto mutilado —lo que en la jerga política se asemeja a recibir la masa de una pizza a la que le han retirado los ingredientes estrella—, el Poder Ejecutivo prefirió abandonar el trámite, dejándolo perecer por inanición legislativa mediante la falta de quórum.

 El DNU 70/2023 y la Vía Judicial: La Inflexible Dinámica de los Decretos

Bloqueado el camino del debate parlamentario ordinario, el Gobierno nacional optó por la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia, empaquetando la desregulación de la tierra dentro del voluminoso DNU 70/2023. Esta herramienta ejecutiva elude la discusión previa en las comisiones del Congreso, amparándose en una premisa de excepcionalidad que impone reformas de fondo desde el primer minuto.

La arquitectura legal definida por la Ley 26.122 establece que los DNU conservan vigencia de ley a menos que ambas cámaras del Congreso voten explícitamente su derogación. Por consiguiente, la sola aprobación del rechazo en el Senado resulta insuficiente para frenarlo. Cuando la justicia federal en La Plata desestimó la medida cautelar que buscaba congelar la desregulación de tierras, se encendió una cuenta regresiva para los legisladores provinciales, forzándolos a buscar la revisión inmediata en la Cámara de Diputados para evitar un impacto irreversible sobre su territorio.

El Golpe a la Matriz Productiva: El INYM y el Asedio a los Pequeños Productores

Al intentar llevar el DNU 70/2023 al recinto de Diputados para su anulación, la representación parlamentaria de Misiones descubrió que el decreto albergaba una medida con efectos aún más inmediatos sobre su economía cotidiana: la desregulación integral del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

El INYM no opera como un mero organismo de asistencia técnica agraria, sino como el árbitro regulador del mercado yerbatero. Su función neurálgica ha sido históricamente la fijación de un precio mínimo para la materia prima (la hoja verde), equilibrando un mercado que padece una asimetría estructural severa. En la base de la pirámide productiva se encuentran miles de pequeños colonos y tareferos, mientras que en el vórtice comprador se posiciona un grupo reducido de grandes molinos e industrias comercializadoras.

Sin la fijación estatal de un piso de precios, este esquema de oligopsonio deja al pequeño agricultor en absoluta indefensión. Si las industrias concentradas reducen unilateralmente el precio de compra en un 50%, el productor se enfrenta a un dilema ruinoso: aceptar un valor de miseria o dejar que la cosecha se pudra en el campo. La gravedad de la situación impulsó al gobierno provincial a recurrir al amparo judicial urgente como un intento de frenar la destrucción del tejido social y económico del sector.

El "Jenga" Parlamentario: Paquetes Cerrados e Intereses Contrapuestos

El desafío de frenar el DNU radica en la naturaleza de los decretos como paquetes legislativos indivisibles. De acuerdo con el reglamento de la Comisión Bicameral, un DNU no se puede modificar, enmendar ni aprobar parcialmente: debe ratificarse o rechazarse en su totalidad.

Esta condición transforma la negociación del Congreso en una compleja estructura similar al juego de torres Jenga:

El bloque misionero necesita retirar la pieza del DNU que desregula la yerba mate y las tierras para evitar el colapso de sus agricultores. Sin embargo, al retirar esa pieza, la norma entera cae.

El dilema de la conectividad: Dentro del mismo decreto coexiste la desregulación del mercado aeronáutico (política de cielos abiertos), una medida crítica para el turismo internacional que alimenta a la economía de las Cataratas del Iguazú.

Los intereses de otras provincias: Legisladores de provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta o Catamarca observan la cima de la torre y rechazan derribarla. Para sus economías, la desregulación de la Ley de Alquileres ha dinamizado el mercado de viviendas en los grandes centros urbanos, mientras que la apertura a servicios de internet satelital de baja órbita (Herrera utilizó el ejemplo de la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk ) resulta indispensable para la minería de litio en la cordillera y para la logística agroindustrial en el campo.

La Encerrona del Quórum y el Colapso de la Representación Federal

Para abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados se requiere la presencia de un quórum estricto de 129 legisladores. Las declaraciones del diputado Herrera Ahuad ponen de manifiesto la imposibilidad aritmética de alcanzar esa cifra cuando las agendas de las provincias se encuentran profundamente fragmentadas.

Provincias del norte argentino que articulan bloques de 11 diputados (como Salta, Tucumán y Catamarca) priorizan sus acuerdos bilaterales y sus proyectos mineros. Del mismo modo, distritos con fuerte perfil agroexportador como Santa Fe y Córdoba evitan sentarse en las bancas para mantener el status quo de la media sanción del Senado. De este modo, la estrategia del Poder Ejecutivo logra atomizar la resistencia federal, aislando a Misiones en una batalla solitaria mientras las demás provincias protegen los beneficios transversales del decreto.

Calculando que al bloque de la oposición le faltaban aproximadamente 15 diputados para el quórum mínimo, el intento de discutir el DNU en el recinto termina siendo totalmente estéril.

Conclusión: ¿Herramienta de Modernización o Trampa Jurídica?

El recorrido trazado por la entrevista con Óscar Herrera Ahuad demuestra cómo la mecánica de los mega decretos obtura el debate democrático real. La viabilidad económica del Instituto Nacional de la Yerba Mate no se evalúa por sus méritos o fallos específicos, sino que queda supeditada como daño colateral a una discusión macroeconómica sobre rutas aéreas, telecomunicaciones y mercado inmobiliario.

Este escenario deja abierto un interrogante inquietante sobre las instituciones argentinas: ¿Están concebidos estos instrumentos normativos masivos como soluciones de emergencia para destrabar la burocracia del Estado, o funcionan en la práctica como sofisticadas trampas legales diseñadas para impedir que las provincias reúnan las mayorías necesarias en el Congreso? … Mientras esta pregunta continúe sin respuesta, el federalismo argentino corre el riesgo de operar no como un equilibrador del poder, sino como un espectador desarmado frente al avance de las decisiones ejecutivas del poder central.