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07/10/2026 - Edición Nº21
Argentina
El Gobierno apelará el fallo
La Justicia ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
20:06 | El juez Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025. El Ejecutivo sostiene que el Congreso debe definir los recursos.
por Redacción Central
BUENOS AIRES. El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del decreto que condicionaba su puesta en marcha. La estrategia será impulsada por la Procuración del Tesoro, mientras en la Casa Rosada analizan otras alternativas legales frente al impacto presupuestario de la medida.
Detalles del fallo y la respuesta del Gobierno
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien consideró inválida la referencia incluida en el Decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la Ley 27.795 a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Cormick entendió que esa condición operaba como una nueva instancia de veto sobre una norma ya ratificada por ambas cámaras tras el rechazo al veto presidencial.
Juez Federal Martín Cormick
Desde el Ejecutivo ratificaron que la respuesta será judicial y descartaron, al menos por ahora, una instancia de negociación política con las universidades. En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostienen que cualquier modificación sobre las partidas deberá discutirse en el Congreso, especialmente porque el proyecto de Presupuesto 2027 ya fue enviado al Parlamento.
El argumento central del Gobierno se apoya en el impacto fiscal de la ley, que demandaría erogaciones superiores al billón de pesos. Cormick rechazó ese planteo al considerar que la ley contempla mecanismos para afrontar las erogaciones, habilitando reasignaciones presupuestarias y la utilización de mayores ingresos por recaudación corriente.
La sentencia responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reclamaron la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual comprende recursos destinados a salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
