Por Amílcar Berón | Director de Portal Misiones

"La libertad de expresión y de prensa ocupa un lugar que ninguna confrontación política debería poner en riesgo..."

La reiteración de insultos, agravios y acusaciones del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación plantea un debate que excede las diferencias políticas. La libertad de prensa, el respeto institucional y el derecho de la sociedad a estar informada vuelven a ocupar el centro de la discusión democrática.

La democracia no se construye solamente con elecciones, instituciones y leyes. También necesita una sociedad informada, medios independientes y periodistas capaces de investigar, preguntar e interpelar al poder sin temor a represalias ni descalificaciones. Quien gobierna tiene todo el derecho de cuestionar una información que considera equivocada, denunciar una falsedad o confrontar con una posición editorial. Ese derecho es tan legítimo como el de cualquier ciudadano. Pero cuando la respuesta se transforma en una sucesión de insultos personales, acusaciones generalizadas y expresiones degradantes, el problema deja de ser una simple disputa entre un gobernante y la prensa, se convierte en una cuestión institucional.

Durante septiembre de 2026, un relevamiento realizado por el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA dio a conocer 16 episodios atribuidos al presidente Javier Milei, donde se expuso una confrontación sostenida con periodistas y medios de comunicación. Las publicaciones recopiladas incluyen expresiones ofensivas, cuestionamientos personales y acusaciones de corrupción contra profesionales identificados y contra la actividad periodística en general.

Entre los periodistas mencionados aparecen Natasha Niebieskikwiat, Diego Iglesias, Franco Mercuriali, Jésica Bossi y Maru Duffard, además de los últimos “atendidos” por el presidente Milei, con referencia al caso “Libra”, en el que recibieron agravios muy fuertes en un espacio que no debería ser utilizado como lo era el lugar donde el presidente expresó incalificables expresiones contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio.   Las expresiones atribuidas al mandatario incluyen calificativos que van desde “sicarios del micrófono”, “basuras” y “mierdas humanas”, además de “ensobrados y corruptos” y culminando con una frase de tremenda violencia en la que planteo que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, eso entre otras descalificaciones que difícilmente puedan considerarse argumentos dentro de una discusión pública.

No se trata de exigir que un presidente simpatice con la prensa, que comparta sus enfoques o que permanezca en silencio frente a informaciones que considera injustas, se trata de comprender que la autoridad presidencial conlleva una responsabilidad que no desaparece cuando se utiliza una red social, las palabras de un jefe de Estado tienen una dimensión pública, política e institucional que trasciende su opinión personal.

El periodismo no está por encima de las críticas

Sería un error sostener que los periodistas tienen siempre razón o que los medios de comunicación están libres de intereses, equivocaciones o responsabilidades. El periodismo debe ejercer una permanente autocrítica, debe verificar sus fuentes, corregir sus errores, evitar manipulaciones y distinguir claramente la información de la opinión. La independencia periodística no se proclama: se demuestra todos los días mediante el trabajo profesional; Pero ninguna de esas obligaciones habilita a convertir el insulto en una herramienta habitual de confrontación desde el poder.

El relevamiento de septiembre de FOPEA incluye episodios dirigidos contra periodistas individualmente identificados, así como cuestionamientos generalizados a toda la profesión. Lo preocupante no es la existencia de diferencias entre el Gobierno y los medios. Es la posibilidad de que la descalificación personal termine convirtiéndose en una forma habitual de responder a las preguntas y críticas, el poder político tiene derecho a defender sus decisiones y el periodismo tiene el deber de examinarlas; ninguna de esas funciones debería anular a la otra.

Las advertencias que no deberían ignorarse

Las preocupaciones por la relación entre el poder político y el periodismo también han sido expresadas por organizaciones representativas de la actividad, como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) o la prestigiosa Academia Nacional de Periodismo.

Estas entidades han advertido en distintas oportunidades sobre los riesgos de la estigmatización de periodistas, las agresiones y los obstáculos al ejercicio profesional; son advertencias que merecen atención, independientemente de las preferencias políticas de cada ciudadano, porque cuando una sociedad comienza a naturalizar que sus autoridades descalifiquen sistemáticamente a quienes hacen preguntas, el riesgo no se limita a los profesionales directamente afectados, el riesgo alcanza al conjunto de la ciudadanía. La libertad de prensa no pertenece exclusivamente a los periodistas ni a las empresas periodísticas. Es, fundamentalmente, un derecho de la sociedad a recibir información plural, contrastar versiones y conocer las decisiones de quienes ejercen el poder.

El derecho a preguntar y la obligación de responder

Un presidente puede considerar injusta una investigación periodística. Puede cuestionar sus conclusiones, aportar documentos que contradigan una publicación o explicar públicamente por qué entiende que determinada cobertura es equivocada, lo que no debería suceder es que la confrontación personal termine reemplazando al intercambio de argumentos.

La función del periodismo no consiste en agradar a los gobiernos, como tampoco en oponerse automáticamente a ellos. Consiste en informar, investigar, verificar y contribuir a que los ciudadanos puedan formar sus propias opiniones. Un periodista debe poder preguntar sobre la economía, la pobreza, la corrupción, la educación, la salud o las decisiones de gobierno sin que esa tarea sea interpretada necesariamente como una expresión de enemistad política.

Del mismo modo, el periodismo debe ser capaz de reconocer las medidas acertadas de una administración sin que eso signifique convertirse en su vocero., la credibilidad se construye con independencia, no con obediencia ni con oposición sistemática.

La responsabilidad de quienes ejercen el poder

La Argentina necesita debates profundos, necesita discutir sus problemas estructurales, sus desigualdades, el funcionamiento de sus instituciones y las decisiones que condicionan su futuro, pero difícilmente pueda hacerlo si la conversación pública queda reducida a una sucesión de insultos, agravios y enfrentamientos personales. El lenguaje importa. Y cuando proviene del Presidente de la Nación, importa todavía más; no porque un mandatario deba renunciar a su personalidad, a sus convicciones o a su estilo político, sino porque representa institucionalmente a todos los argentinos, incluso a quienes no lo votaron, no comparten sus ideas o cuestionan sus decisiones, la investidura presidencial no exige unanimidad ni impide la confrontación democrática. Exige responsabilidad, y la autoridad no se fortalece humillando a quien pregunta, se fortalece respondiendo con argumentos, ofreciendo explicaciones y demostrando que las decisiones adoptadas resisten el escrutinio público.

Defender la libertad de prensa es defender a la sociedad

Desde esta columna sostenemos que la libertad de prensa no puede quedar condicionada por las simpatías políticas, las afinidades personales ni los intereses circunstanciales, “debe defenderse siempre”. Cuando un gobierno intenta restringirla, cuando un funcionario pretende intimidar a un periodista, cuando una autoridad provincial obstaculiza una investigación, y también cuando desde la Presidencia de la Nación se utilizan expresiones que pueden contribuir a desacreditar o estigmatizar a quienes ejercen la profesión. La defensa de este principio no implica desconocer los errores del periodismo ni justificar prácticas profesionales cuestionables; significa comprender que una sociedad con periodistas libres tiene mayores posibilidades de conocer los hechos, exigir explicaciones y controlar a quienes administran el poder.

El periodismo no necesita privilegios, necesita libertad para trabajar, responsabilidad para informar y garantías para preguntar y el poder político, cualquiera sea su orientación, debe comprender que la crítica no constituye una amenaza para la democracia. Por el contrario, es una de sus condiciones esenciales, la Argentina no necesita un periodismo sometido ni un periodismo convertido en adversario permanente del Gobierno, necesita instituciones sólidas, autoridades responsables y una prensa independiente, capaz de ejercer su tarea sin condicionamientos; porque los gobiernos son transitorios, los presidentes cumplen mandatos y las diferencias políticas cambian con el tiempo.; “pero los derechos y las libertades deben permanecer”. Y entre ellos, la libertad de expresión y de prensa ocupa un lugar que ninguna confrontación política debería poner en riesgo.

Amílcar Berón
Director de Portal Misiones
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