Por Amílcar Berón | Director de Portal Misiones

Hay acontecimientos que, por su trascendencia, merecen algo más que una noticia. Exigen una reflexión profunda sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, los límites del poder y el respeto que quienes ejercen influencia política deben tener por los ciudadanos.

Lo ocurrido esta semana en Misiones, en torno al paso del hoy prófugo ex candidato presidencial  brasileño Flávio Bolsonaro y la cuestionada presencia del asesor presidencial Santiago Caputo, constituye uno de esos episodios.

Una sucesión de movimientos discretos, vehículos vinculados a la Entidad Binacional Yacyretá, funcionarios de ese organismo y un control policial sobre la Ruta Nacional 12 terminaron poniendo al descubierto una historia que todavía tiene demasiadas preguntas sin responder.

Y lo verdaderamente preocupante no es solamente lo que ocurrió, sino la aparente naturalidad con la que determinados sectores del poder consideran que pueden disponer de recursos públicos sin ofrecer explicaciones.

Un viaje que nadie parecía dispuesto a explicar

La salida de Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos instaló a Misiones en el centro de una controversia política de alcance internacional.

Pero fue la presunta intervención de Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor influencia en el entorno del presidente Javier Milei, la que abrió interrogantes sobre el papel desempeñado por funcionarios y organismos argentinos.

Según las informaciones periodísticas conocidas, Caputo habría participado de gestiones vinculadas con el traslado del dirigente brasileño y su familia. Hasta allí, podría tratarse de una cuestión política o diplomática que, de haber sido realizada dentro de los procedimientos correspondientes, debería poder explicarse públicamente. El problema aparece cuando a ese escenario se suman vehículos oficiales, funcionarios de una entidad binacional y movimientos que no han sido suficientemente aclarados.

Un control policial que rompió el silencio

Paradójicamente, no fue una comunicación oficial del Gobierno nacional la que permitió conocer detalles de la presencia de Caputo en Misiones.

Fue un procedimiento de la Policía provincial, realizado durante la madrugada en la zona de Capioví.

De acuerdo con las publicaciones periodísticas y el acta policial citada por distintos medios, el asesor presidencial fue identificado alrededor de las 2:50 cuando se desplazaba en una Toyota Hiace que integraba una comitiva junto a una Ford Ranger. Ambos vehículos estaban vinculados a la Entidad Binacional Yacyretá.

En el operativo fueron identificados Jorge Omar Waisman, señalado como responsable de Seguridad de la EBY, y Orlando Ignacio Palacios, vinculado a la Secretaría General del organismo. Caputo, según esas actuaciones, se presentó como asesor del presidente de la Nación y solicitó que el procedimiento no demorara el viaje. Posteriormente negó ante periodistas haber sido identificado en ese control.

Portal Misiones también informó que el procedimiento se habría originado por un exceso de velocidad, una circunstancia que merece ser esclarecida mediante la documentación correspondiente. Aquí aparece una primera cuestión fundamental.

Las leyes de tránsito deben ser iguales para todos. No importa si quien circula por una ruta es un trabajador, un comerciante, un turista o una persona cercana al Presidente. La identificación ante un control policial no debería convertirse en un privilegio ni la cercanía con el poder tendría que ser motivo para exigir un tratamiento diferente.

Yacyretá no es una agencia de transporte político

Quizás el aspecto institucionalmente más delicado de esta historia sea la utilización de vehículos vinculados a la Entidad Binacional Yacyretá.

Estamos hablando de un organismo creado para administrar uno de los emprendimientos hidroeléctricos más importantes de la región, cuya actividad involucra recursos, infraestructura y responsabilidades públicas de Argentina y Paraguay.

Por eso, corresponde preguntar: ¿qué función cumplían esos vehículos en un operativo relacionado con un dirigente político brasileño?

¿Quién autorizó su utilización? ¿Bajo qué disposición administrativa? ¿Quién asumió los costos del traslado, combustible, personal y demás gastos?

No se trata de formular acusaciones sin pruebas. Se trata de exigir transparencia sobre bienes que no pertenecen a un funcionario, a un partido político ni a un grupo de poder. Los recursos públicos no pueden confundirse con recursos personales, mucho menos cuando desde el propio Gobierno nacional se insiste permanentemente en la necesidad de reducir gastos, controlar el funcionamiento del Estado y terminar con los privilegios de la política. La austeridad, para ser creíble, debe comenzar por quienes la predican, no puede exigirse sacrificio a los ciudadanos mientras las explicaciones sobre el uso de vehículos oficiales quedan pendientes.

¿Y si un policía simplemente cumplió con su deber?

Hay otro aspecto que merece especial atención. Portal Misiones recogió versiones según las cuales, después del procedimiento de Capioví, se habría solicitado identificar al efectivo policial interviniente e incluso apartarlo de sus funciones. Es importante señalar que esas versiones todavía no cuentan con confirmación oficial y no corresponde presentarlas como hechos comprobados, pero su sola aparición obliga a reclamar una aclaración, porque, si efectivamente existió alguna presión sobre un integrante de la fuerza por haber cumplido con un control de tránsito, estaríamos frente a una situación de enorme gravedad institucional.

Un policía que cumple sus funciones dentro de la ley no debería temer consecuencias por identificar a una persona influyente, la autoridad del Estado no puede funcionar según la importancia política del ciudadano que se encuentra frente a un procedimiento; la ley debe proteger al funcionario que actúa correctamente, no exponerlo a represalias.

Misiones merece respeto

Nuestra provincia tiene una particularidad que muchas veces parece ser olvidada desde los centros de decisión política. Misiones es una provincia de frontera, con una dinámica internacional permanente, donde conviven relaciones comerciales, turísticas, culturales y familiares con Brasil y Paraguay, esa condición exige responsabilidad institucional. Los misioneros no podemos permitir que el territorio misionero sea considerado simplemente un corredor conveniente para operaciones políticas que después nadie quiere explicarymucho menos cuando involucran personas vinculadas al poder nacional y organismos que administran recursos públicos; la provincia no debe convertirse en escenario de decisiones tomadas lejos de aquí, cuyas consecuencias institucionales terminan recayendo sobre nuestras autoridades y nuestros ciudadanos.

Y esto no significa cuestionar la presencia de dirigentes extranjeros ni desconocer las relaciones internacionales que mantiene nuestro país, significa algo mucho más elemental: las actuaciones del Estado deben ser transparentes, legales y estar sujetas a controles.

El silencio también comunica

Frente a episodios de esta naturaleza, las explicaciones no deberían depender exclusivamente de investigaciones periodísticas, testimonios reservados o documentos que llegan a conocimiento público por vías indirectas. Las instituciones tienen la obligación de informar, por ello la Entidad Binacional Yacyretá debería aclarar las condiciones en que fueron utilizados los vehículos mencionados.

Las autoridades nacionales deberían explicar cuál fue el carácter de las gestiones realizadas en torno al traslado de Flávio Bolsonaro - vale destacar que el propio Bolsonaro agradecio las gestiones del presidente Javier Milei-, y, en cuanto al procedimiento policial, corresponde determinar qué ocurrió efectivamente y si existieron actuaciones posteriores relacionadas con los efectivos intervinientes.

No se trata de condenar anticipadamente a nadie, se trata de comprender que el silencio, cuando existen preguntas legítimas sobre la utilización de recursos públicos, no contribuye a fortalecer la confianza ciudadana, por el contrario, alimenta las sospechas.

El poder no otorga impunidad

Esta historia deja una reflexión que excede ampliamente a Santiago Caputo, Flávio Bolsonaro o cualquier funcionario involucrado, durante demasiado tiempo, los argentinos hemos convivido con una cultura política en la que algunos sectores parecen convencidos de que la cercanía con el poder concede derechos especiales. Derechos para circular sin dar explicaciones, disponer de recursos estatales, exigir tratamientos preferenciales o evitar los controles que debe cumplir cualquier ciudadano y esa cultura es precisamente la que debería terminarse, no importa quién gobierne, qué ideología represente o qué discurso utilice para justificar sus decisiones, la transparencia no puede ser una exigencia para los adversarios y una opción para los propios y tampoco puede existir una moral pública que se proclame desde los discursos y otra que se practique en los hechos. La sociedad argentina necesita recuperar la confianza en sus instituciones, y esa confianza no se construye con silencios, evasivas ni privilegios, se construye con información, responsabilidad y respeto por las normas.

Las explicaciones siguen pendientes

Lo sucedido en Misiones durante esta semana no debería quedar reducido a una anécdota sobre un viaje, una camioneta y un control policial de madrugada. Porque detrás de esos acontecimientos aparecen interrogantes mucho más profundos sobre la relación entre el poder político y los recursos del Estado. La responsabilidad de esclarecerlos corresponde a quienes participaron de las gestiones y a las autoridades de los organismos involucrados; desde el periodismo, nuestra obligación es preguntar, investigar y reclamar respuestas, no para alimentar enfrentamientos políticos, sino para defender un principio democrático elemental: nadie está por encima de la ley; Misiones merece saber qué ocurrió en su territorio y todos  los argentinos merecen saber cómo se utilizan los recursos públicos. Y quienes ejercen el poder deben comprender que rendir cuentas no constituye una concesión ni un favor hacia la prensa; es una obligación, porque, al final, la pregunta más importante de esta historia no es por qué un control policial permitió conocer la presencia de Santiago Caputo en Misiones. La verdadera pregunta es por qué un episodio de semejante relevancia institucional necesitó de un control policial para comenzar a salir a la luz.