por Redacción Central
El doble crimen que conmocionó a la localidad de Los Helechos y a toda la provincia de Misiones comienza a mostrar avances significativos en el terreno judicial. Lo que inicialmente aparecía como un asesinato rodeado de incógnitas tiene ahora una línea de investigación que cobra fuerza: una posible deuda económica vinculada con la actividad comercial que desarrollaban las víctimas.
Griselda Yamila Gritzmacher, de 29 años, y Sergio Adrián Schulz, de 39, se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos mediante un sistema de financiación propia. Según la información conocida en las últimas horas, la pareja tenía una cartera de cuentas pendientes de cobro que superaba los 50 millones de pesos.
Este dato adquirió especial relevancia después de que familiares señalaran que, antes de desaparecer, las víctimas habían manifestado su intención de reclamar una deuda. Los investigadores buscan establecer si aquel compromiso económico pudo haber sido el desencadenante del ataque.
La causa, a cargo del juez de Instrucción N.º 1 de Oberá, Diego Agustín Lafata, tiene actualmente a un hombre de 40 años detenido, identificado por distintos medios como Marcelo I., domiciliado en la zona de Villa Morkel, en Oberá. De acuerdo con los datos aportados por las autoridades policiales, el sospechoso registra alrededor de 13 denuncias anteriores vinculadas con delitos contra la propiedad y presuntas estafas.
Los investigadores analizan la relación económica que habría mantenido con las víctimas y buscan determinar si existía una deuda pendiente que pudiera relacionarse con el doble homicidio. El magistrado fue prudente al referirse al posible móvil y dejó en claro que, si bien la hipótesis comercial es una de las más consistentes, todavía debe ser corroborada mediante las pruebas incorporadas al expediente.
Uno de los aspectos más importantes de la investigación es el trabajo conjunto entre los efectivos policiales y los especialistas de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC).
Hasta el lunes 2 de noviembre, la causa registraba siete allanamientos, once declaraciones testimoniales y más de 25 elementos secuestrados, entre dispositivos electrónicos, documentación y otros objetos considerados relevantes. También se incorporaron más de 19 registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad de distintos puntos de la zona. El análisis de estas imágenes, junto con las comunicaciones telefónicas y la documentación comercial, permitió avanzar en la reconstrucción de los movimientos de las víctimas y en la identificación del principal sospechoso.
El juez Lafata destacó especialmente la importancia de combinar las tareas de investigación territorial con los elementos obtenidos mediante pericias tecnológicas.
Otro elemento que intenta esclarecer la Justicia es por qué la pareja llegó hasta el camino rural de Picada Sargento Cabral, donde posteriormente fueron encontrados sus cuerpos.La investigación contempla la posibilidad de que Griselda y Sergio hubieran acordado encontrarse con una persona conocida, posiblemente por una operación comercial. Esta hipótesis adquiere relevancia porque ambos viajaban acompañados por su hijo de apenas dos años, circunstancia que, para los investigadores, podría indicar que no anticipaban una situación de peligro.
Las pericias preliminares establecieron que las víctimas sufrieron heridas provocadas por armas blancas y que el ataque se habría producido en el mismo sector donde fueron halladas. El juez indicó que las características de la escena son compatibles con la intervención de una sola persona, aunque la reconstrucción definitiva de lo ocurrido dependerá de las pruebas que continúan analizándose.
Uno de los aspectos más dolorosos de este caso es la situación del hijo menor de la pareja. El pequeño, de apenas dos años, fue encontrado con vida en el asiento trasero del automóvil Ford Fiesta donde también se encontraba el cuerpo de su padre. Su madre había sido hallada a poca distancia del vehículo. El niño no presentaba lesiones físicas y recibió asistencia de profesionales, mientras que sus familiares asumieron su cuidado.
La pareja tenía además otro hijo, de nueve años, que no se encontraba en el lugar del hecho. La tragedia dejó a dos niños sin sus padres y a una familia que ahora espera respuestas de la Justicia.
La cifra de dinero pendiente de cobro es uno de los elementos que más atención genera en la investigación. No se trata, según la información difundida, de una única deuda de 50 millones de pesos, sino de una cartera de cuentas por cobrar correspondiente a las operaciones comerciales que realizaba la pareja. La Justicia intenta identificar cuáles eran los compromisos económicos pendientes, quiénes eran los deudores y si existieron conflictos previos que pudieran aportar elementos para esclarecer el crimen.
La existencia de deudas, por sí sola, no constituye una prueba de responsabilidad penal. Por eso, el trabajo judicial se concentra en establecer una relación concreta entre los compromisos comerciales, los movimientos de las víctimas y las evidencias reunidas. Aunque la hipótesis económica ganó fuerza, todavía no existe una confirmación judicial definitiva sobre el motivo que desencadenó los asesinatos.