Ueno Bank: la crisis que sacude a Paraguay, compromete fondos públicos y pone bajo presión al gobierno de Santiago Peña

Informe especial

Fuentes: Banco Central del Paraguay, Instituto de Previsión Social, Cámara de Diputados de Paraguay, Solventa & Riskmétrica, Agencia EFE, ABC Color, Associated Press, Ámbito y El Parámetro. Documentación parlamentaria aportada a Portal Misiones por periodistas de Paraguay

La crisis de Ueno Bank en Paraguay dejó de ser un asunto exclusivamente financiero para convertirse en un conflicto de profundas implicancias económicas, judiciales y políticas. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un procedimiento de resolución de la entidad, las investigaciones sobre sus directivos y los cuestionamientos por la utilización de recursos públicos colocaron al sistema de controles del Estado bajo una creciente presión.

El episodio adquirió una dimensión institucional todavía mayor este miércoles 4 de noviembre, cuando un grupo de diputados nacionales impulsó una acusación para promover el juicio político contra el presidente Santiago Peña, a quien atribuyen presuntas responsabilidades políticas por decisiones regulatorias, operaciones financieras y posibles conflictos de intereses vinculados con el banco.

En el centro de la controversia aparecen cientos de millones de dólares pertenecientes a instituciones públicas, particularmente al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de administrar recursos destinados a jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

El Banco Central intervino ante el deterioro de la solvencia

El 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay resolvió iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de detectar un deterioro significativo de su situación patrimonial. 

De acuerdo con la comunicación oficial del organismo, el índice de solvencia de la entidad se ubicó por debajo del 50% del mínimo legal exigido, como consecuencia de ajustes realizados sobre sus estados financieros durante el proceso de regularización. La medida puso en marcha los mecanismos establecidos por la legislación paraguaya para afrontar situaciones de crisis bancaria, preservar los activos disponibles y proteger los derechos de los depositantes.

El deterioro también quedó reflejado en las evaluaciones de riesgo. La calificadora Solventa & Riskmétrica modificó la calificación de la entidad desde  marzo, hasta noviembre de 2026. La magnitud de esa modificación plantea interrogantes sobre la evolución de los indicadores financieros del banco, la calidad de sus activos y las advertencias que pudieron existir antes de la decisión del organismo regulador.

Los fondos del IPS, en el centro de la controversia

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la exposición de recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social. 

Según información difundida por la agencia EFE, el IPS mantenía aproximadamente 355 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, una suma equivalente a alrededor del 9% de su cartera de inversiones.

Se trata de recursos cuya administración tiene una importancia estratégica para el sistema previsional paraguayo y cuya recuperación dependerá de los resultados del procedimiento bancario y de las condiciones de cada instrumento financiero. 

La controversia no se limita al volumen de dinero comprometido. También alcanza a las normas que permitieron realizar esas colocaciones, los límites de concentración, las decisiones de los organismos responsables y los mecanismos utilizados para evaluar los riesgos.

Desde el IPS, sus autoridades sostuvieron que las operaciones se efectuaron dentro de los límites normativos correspondientes y que durante 2026 no se concretaron nuevas inversiones en la entidad, debido a que el tope prudencial ya había sido alcanzado en 2025.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no cerraron el debate político sobre la conveniencia, la supervisión y los riesgos de concentrar recursos previsionales en una misma institución bancaria.

La investigación penal alcanza a directivos y empresarios

En paralelo con la crisis financiera, el Ministerio Público paraguayo avanzó con una investigación penal sobre presuntas irregularidades vinculadas con las operaciones del banco y empresas relacionadas.

De acuerdo con publicaciones de medios paraguayos del 4 de noviembre, la Fiscalía imputó a 27 personas relacionadas con el caso.

Entre los investigados figura Federico Miguel Vázquez Villasanti, identificado como vicepresidente primero de ueno bank, además de otros directivos y personas vinculadas con el entramado empresarial.

Las actuaciones judiciales incluyen sospechas sobre posibles hechos de lesión de confianza y otras conductas presuntamente delictivas relacionadas con la administración y las operaciones financieras.

Las imputaciones y las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía no constituyen condenas. Las responsabilidades deberán establecerse mediante el correspondiente proceso judicial, respetando el principio de presunción de inocencia.

El pedido de juicio político contra Santiago Peña

La crisis bancaria también ingresó formalmente en el escenario parlamentario. Un documento fechado el 4 de noviembre de 2026, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, plantea la formulación de una acusación de juicio político contra el presidente Santiago Peña, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional paraguaya.

La presentación sostiene que existiría una secuencia de decisiones y omisiones que, consideradas conjuntamente, justificarían examinar la responsabilidad política del mandatario.

Los legisladores estructuran sus cuestionamientos alrededor de cinco cuestiones principales: las modificaciones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank; los cambios en las reglas de inversión del IPS; la concentración de fondos previsionales; los cuestionamientos sobre la declaración patrimonial presidencial y sus vínculos económicos con Ueno Holding e ITTI; y la posible existencia de un patrón de favorecimiento y debilitamiento de los controles públicos.

La iniciativa solicita una sesión extraordinaria para comenzar el tratamiento parlamentario correspondiente.

Es importante señalar que la presentación de una acusación no implica que las responsabilidades denunciadas estén demostradas ni que el juicio político haya sido aprobado. La eventual apertura y resolución del procedimiento dependen de las instancias constitucionales previstas en Paraguay.

Los vínculos empresariales y las decisiones del Estado

Otro capítulo que merece especial atención es la relación entre Ueno Bank, Ueno Holding, ITTI y el grupo empresarial vinculado a la familia Vázquez.

Los legisladores que impulsan el juicio político cuestionan posibles conflictos de intereses y reclaman examinar las decisiones adoptadas por organismos estatales que pudieron tener incidencia sobre la actividad de estas compañías.

El interrogante central es determinar si existieron decisiones públicas que beneficiaron indebidamente a determinados actores privados y, en caso afirmativo, establecer quiénes participaron de ellas y bajo qué circunstancias. Estas hipótesis requieren el análisis de documentación societaria, declaraciones patrimoniales, resoluciones administrativas, operaciones financieras y actuaciones judiciales. Por el momento, los señalamientos parlamentarios deben ser considerados acusaciones sujetas a comprobación y no conclusiones definitivas sobre la existencia de delitos o responsabilidades personales.

La preocupación de los ahorristas

Mientras avanzan las investigaciones, miles de clientes de ueno bank enfrentan incertidumbre sobre la disponibilidad y recuperación de sus depósitos. El Banco Central de Paraguay, informó sobre la aplicación de los mecanismos previstos por el Fondo de Garantía de Depósitos, con una cobertura legal de hasta aproximadamente 228,3 millones de guaraníes por depositante y entidad, conforme a las condiciones correspondientes.

También anunció medidas para comenzar la devolución de fondos a los clientes comprendidos en los mecanismos de protección.

El gobierno de Santiago Peña, por su parte, planteó iniciativas adicionales destinadas a ampliar las posibilidades de recuperación de los depósitos. 

No obstante, resulta necesario distinguir entre los fondos legalmente garantizados, las medidas anunciadas y los montos efectivamente restituidos. El Banco Central sostuvo que la situación de Ueno Bank corresponde a un caso particular y que no debe interpretarse como una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.

Los interrogantes institucionales que deja la crisis de Ueno Bank

El periodista José María Costa, abogado y docente de la Universidad de Asunción advirtió, en declaraciones a Portal Misiones, sobre la necesidad de esclarecer las decisiones financieras, los mecanismos de supervisión y las responsabilidades de los organismos públicos en una crisis que trasciende el ámbito bancario.

Más allá del desenlace financiero, judicial y político que pueda tener el caso Ueno Bank, la situación abre una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones paraguayas, los controles del sistema financiero y la administración de recursos públicos.

Así lo planteó Costa, quien puso el acento en la necesidad de examinar no solamente las consecuencias de la crisis, sino también las decisiones y los mecanismos de control que precedieron al deterioro de la entidad bancaria.

Costa planteó una serie de preguntas que considera fundamentales para comprender la verdadera dimensión del caso:

¿Cómo evolucionó la situación patrimonial del banco hasta alcanzar niveles críticos de solvencia? ¿Qué información tenían los organismos encargados de supervisar su funcionamiento? ¿Qué controles se aplicaron a las inversiones realizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS)? ¿Existieron advertencias previas sobre los riesgos asumidos? ¿Qué participación tuvieron las autoridades públicas en las decisiones que hoy están bajo cuestionamiento?

Los interrogantes expuestos por el periodista apuntan a una cuestión central: determinar si los mecanismos de prevención, fiscalización y supervisión financiera funcionaron adecuadamente y si las autoridades responsables actuaron frente a las señales de riesgo.

En su análisis, Costa destacó que las respuestas a estas preguntas serán determinantes para establecer si la crisis respondió a problemas de gestión, deficiencias en los controles, eventuales operaciones irregulares o una combinación de circunstancias que todavía deben ser esclarecidas.

La preocupación adquiere una dimensión particularmente sensible cuando se trata de recursos pertenecientes al sistema previsional, cuya administración exige transparencia, responsabilidad y mecanismos efectivos de protección.

El caso ueno bank plantea, de esta manera, un debate que va mucho más allá del futuro de una entidad financiera: la capacidad de las instituciones para controlar el manejo de recursos públicos, anticipar situaciones de riesgo y establecer responsabilidades cuando esos mecanismos son cuestionados.

La dimensión del episodio también trasciende las fronteras de Paraguay. La estabilidad del sistema bancario, la transparencia en la administración de fondos estatales y la protección de los ahorros previsionales constituyen asuntos de interés para toda la región.

En ese escenario, el aporte de José María Costa introduce una perspectiva fundamental para comprender el alcance institucional de la crisis: no alcanza con conocer qué ocurrió con Ueno Bank; también resulta necesario establecer qué controles existieron, cómo funcionaron y qué decisiones se adoptaron antes de que la situación llegara a su punto crítico.

Paraguay enfrenta ahora un doble desafío: esclarecer las responsabilidades por la crisis de Ueno Bank y garantizar que la protección de los ahorristas y de los recursos previsionales no quede subordinada a las disputas políticas.

El desarrollo de las investigaciones judiciales, las decisiones del Banco Central y el tratamiento parlamentario de las acusaciones contra Santiago Peña serán determinantes para conocer el verdadero alcance de un episodio que ya ocupa un lugar central en la agenda pública paraguaya y de fuerte repercusión en la Argentina.