por Redacción Central
Paraguay atraviesa una de las crisis políticas, financieras e institucionales más profundas de los últimos años. El presidente Santiago Peña presentó este jueves su renuncia, acorralado por el colapso de Ueno Bank, las protestas de miles de ahorristas y la pérdida de respaldo dentro de su propio Partido Colorado.
Sin embargo, la presentación de su dimisión no logró detener el proceso político en su contra. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los 78 legisladores presentes la acusación para someterlo a juicio político y, según se supo en medios de Paraguay, rechazaron su renuncia para evitar que acceda a los fueros correspondientes a un expresidente.
Peña anunció su decisión mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que sostuvo que buscaba preservar la estabilidad institucional y la paz social. El mandatario pidió disculpas a la ciudadanía y expresó su preocupación por los paraguayos que quedaron sin acceso a sus ahorros tras la intervención de Ueno Bank. La decisión se produjo cuando el Congreso ya avanzaba en el tratamiento de un juicio político impulsado inicialmente por sectores opositores, pero que terminó sumando el respaldo de dirigentes del propio oficialismo.
Uno de los golpes políticos más significativos llegó desde Horacio Cartes, expresidente y principal referente del Partido Colorado, quien manifestó su apoyo al enjuiciamiento de Peña.
La crisis comenzó a profundizarse cuando el Banco Central del Paraguay dispuso la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar graves problemas de solvencia. La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, una cifra considerable para la población paraguaya. La imposibilidad de operar con normalidad, utilizar tarjetas o acceder a los depósitos provocó una creciente preocupación social y movilizaciones en reclamo de respuestas. Pero el problema no se limita a los ahorros particulares, ya que Ueno también recibió importantes inversiones y depósitos de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar recursos destinados a jubilaciones y prestaciones sociales.
La presencia de fondos previsionales en una entidad que terminó atravesando una crisis de solvencia abrió interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, la administración de recursos públicos y las responsabilidades de los organismos estatales.
Uno de los cuestionamientos centrales contra Peña está relacionado con su participación accionaria en Ueno Holding, que mantuvo hasta 2025, cuando ya llevaba casi dos años al frente de la Presidencia.
Los legisladores que impulsaron el juicio político consideran que esa vinculación podría representar un conflicto de intereses, especialmente por las decisiones gubernamentales relacionadas con el sistema financiero.
También quedaron bajo cuestionamiento las designaciones de autoridades regulatorias y las inversiones realizadas por instituciones públicas. Estas acusaciones forman parte de un proceso político y judicial en desarrollo, por lo que todavía no constituyen responsabilidades penales demostradas. En paralelo, la investigación penal alcanza a funcionarios y empresarios vinculados a la entidad financiera.
El Senado y la sucesión presidencial
La Constitución paraguaya establece que el vicepresidente Pedro Alliana debe completar el mandato presidencial, previsto hasta agosto de 2028, si se concreta la salida definitiva de Peña. No obstante, el rechazo de la renuncia por parte de Diputados y la continuidad del juicio político abren un escenario de discusión institucional. La diferencia no es menor: una salida mediante renuncia y una destitución por juicio político pueden tener consecuencias distintas respecto de la condición de senador vitalicio y las prerrogativas constitucionales del mandatario saliente. El Senado deberá resolver la acusación, para cuya aprobación se requieren 30 votos sobre un total de 45 integrantes.
Una crisis que también interesa a Misiones
Desde la perspectiva regional, lo que ocurre en Paraguay merece especial atención en Misiones. La provincia mantiene una relación cotidiana con el país vecino a través del comercio, el turismo, las inversiones, los pasos fronterizos y los vínculos familiares y empresariales. Aunque todavía no existen elementos suficientes para establecer consecuencias económicas directas sobre Misiones, la incertidumbre financiera y política paraguaya constituye un factor que merece seguimiento.