por Amilcar Beron
EDITORIAL | PORTAL MISIONES
Por Amilcar Beron - Director Portal Misiones
La presencia de León XIV en la Argentina dejó una interpelación que trasciende la fe: la responsabilidad de la dirigencia política, el compromiso social de los empresarios y la necesidad de poner la dignidad humana por encima de los intereses económicos. En Misiones, la realidad de los productores yerbateros y el futuro del INYM representan un ejemplo concreto de ese desafío.
Hay palabras que se pronuncian para ser escuchadas y otras que deberían servir para cambiar la realidad. Las del papa León XIV, durante su visita a la Argentina, pertenecen a esta última categoría.
Su presencia convocó multitudes, despertó emociones y volvió a poner a la Iglesia en el centro de la conversación pública. Pero, más allá de las imágenes, las ceremonias y los discursos, queda una pregunta que seguramente incomodará a más de uno: ¿están realmente dispuestos a escuchar al Papa quienes tienen la responsabilidad de gobernar, administrar la riqueza y decidir sobre el destino de millones de argentinos?
Porque escuchar no significa solamente aplaudir, ocupar un lugar privilegiado en una ceremonia o compartir una fotografía en las redes sociales. Escuchar implica comprender, asumir responsabilidades y, fundamentalmente, actuar en consecuencia.
La Argentina atraviesa un tiempo en el que las diferencias políticas parecen haberse convertido en enfrentamientos permanentes. La descalificación reemplaza demasiadas veces al debate, mientras que las urgencias de la población quedan atrapadas entre disputas partidarias, estrategias electorales y ambiciones personales. En ese escenario, el mensaje social de la Iglesia constituye una invitación a recuperar el sentido más profundo de la política: servir al bien común. No se trata de reclamar que los gobernantes compartan una determinada creencia religiosa. Se trata de recordar que ninguna decisión económica o administrativa debería perder de vista a las personas que sufrirán sus consecuencias.
Un país no puede medirse exclusivamente por sus indicadores financieros, por el comportamiento de los mercados o por la satisfacción de los grandes inversores. También debe medirse por la tranquilidad de una familia que llega a fin de mes, por el productor que recibe un precio justo, por el jubilado que puede comprar sus medicamentos y por el trabajador que conserva la esperanza de progresar con su esfuerzo. La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas subordinadas a los intereses de la economía. Ese principio, profundamente vinculado con la doctrina social de la Iglesia, debería formar parte de cualquier discusión seria sobre el futuro argentino.
El mensaje no interpela solamente a quienes ocupan cargos públicos. También alcanza a los sectores empresariales, especialmente a aquellos que poseen una mayor capacidad de influir sobre las decisiones económicas. La generación de riqueza, la inversión y el desarrollo productivo son indispensables. Pero no pueden convertirse en argumentos para justificar cualquier forma de desigualdad. Una empresa necesita obtener beneficios para sostenerse y crecer. Sin embargo, también tiene responsabilidades con sus trabajadores, con las comunidades donde desarrolla sus actividades y con quienes producen las materias primas que sostienen sus negocios. No puede hablarse de desarrollo cuando algunos sectores concentran los beneficios mientras otros apenas consiguen sobrevivir.
Tampoco puede hablarse de justicia social cuando el esfuerzo de miles de pequeños productores termina subordinado a las condiciones impuestas por quienes tienen mayor poder económico. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita crecer, invertir y generar empleo sin sacrificar la dignidad de quienes trabajan.
Desde Misiones, estas reflexiones de León XIV adquieren una dimensión particularmente cercana. Nuestra provincia conoce las dificultades de sostener la producción, generar empleo y acompañar a miles de familias que dependen de las economías regionales. También es necesario reconocer que, aun con limitaciones presupuestarias y dificultades económicas, el Gobierno provincial intenta dar respuestas a distintas demandas de los misioneros. Esos esfuerzos, sin embargo, encuentran obstáculos que muchas veces exceden las posibilidades de una administración provincial.
Y uno de los ejemplos más evidentes es lo que ocurre con la actividad yerbatera.
Mientras miles de familias productoras reclaman condiciones que les permitan continuar trabajando, las decisiones del Gobierno nacional sobre la desregulación del mercado y el debilitamiento de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) generan una profunda preocupación. El INYM no es simplemente una estructura administrativa. Representa una conquista institucional de un sector productivo que durante décadas sufrió los efectos de la concentración económica y las desigualdades en la comercialización. Es, además, uno de los pocos ámbitos donde los pequeños productores tienen representación para discutir las condiciones de una actividad en la que no todos poseen el mismo poder de negociación. Debilitar ese espacio, o avanzar hacia su desaparición, significa dejar a miles de productores frente a un mercado donde los sectores económicamente más fuertes cuentan con ventajas difíciles de equilibrar.
Y aquí aparece, con toda claridad, la contradicción que debería interpelar a quienes dicen compartir los valores cristianos.
¿Cómo puede hablarse de dignidad del trabajo mientras se debilitan las herramientas que permiten a los trabajadores y productores defender el valor de su esfuerzo?
¿Cómo puede sostenerse que la libertad económica beneficia a todos cuando quienes producen la materia prima carecen de las mismas posibilidades de negociación que quienes la industrializan y comercializan?
No se trata de enfrentar a productores con empresarios. Ambos son necesarios para el desarrollo de Misiones. Se trata de comprender que la justicia no consiste solamente en garantizar condiciones favorables para la inversión, sino también en proteger a quienes, con sus manos, sostienen la producción. El pequeño productor yerbatero no pide privilegios. Reclama que su trabajo tenga un valor digno, que sus costos sean reconocidos y que su familia pueda continuar viviendo de aquello que produce. Y esa defensa del trabajo, de la dignidad humana y de los sectores más vulnerables de la economía es precisamente uno de los principios que el pensamiento social de la Iglesia reclama poner en práctica. Por eso, las decisiones que afectan al INYM no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva de eficiencia económica o reducción de regulaciones.
Deberían evaluarse también desde sus consecuencias humanas. Porque detrás de cada chacra hay una familia. Detrás de cada cosecha hay trabajadores rurales. Y detrás de cada precio que no alcanza existe una realidad social que ninguna estadística puede reflejar completamente.
Misiones necesita empresarios que inviertan y generen empleo, pero también productores que puedan vivir dignamente de su trabajo. Y necesita, fundamentalmente, que las decisiones nacionales comprendan que las economías regionales no pueden ser administradas exclusivamente desde la lógica de los grandes centros económicos.
Otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo es el avance de la inteligencia artificial. Su desarrollo abre posibilidades extraordinarias para la medicina, la educación, la producción, la comunicación y el conocimiento. Pero también plantea interrogantes que no pueden quedar exclusivamente en manos de quienes controlan las grandes empresas tecnológicas.
¿Qué ocurrirá con los trabajadores cuyos empleos sean reemplazados por sistemas automatizados? ¿Quién establecerá los límites éticos de estas herramientas? ¿Cómo evitar que la tecnología profundice las desigualdades existentes?
La innovación no debería convertirse en una nueva forma de exclusión. El progreso tecnológico solamente tendrá verdadero sentido si contribuye a mejorar la vida de las personas y no si termina reduciendo al ser humano a una variable de productividad. También aquí la dirigencia política tiene una responsabilidad que no puede delegar.
La celebración en Luján dejó una imagen poderosa: la de una multitud reunida alrededor de una expresión de fe profundamente arraigada en la identidad argentina. Pero también invita a reflexionar sobre las contradicciones que suelen acompañar a los grandes acontecimientos públicos.
La cercanía física con una autoridad religiosa no necesariamente representa cercanía con sus enseñanzas. Un lugar destacado en una ceremonia no convierte automáticamente a nadie en defensor de los valores que allí se proclaman.
Y una fotografía junto al Papa no reemplaza las decisiones que deberían adoptarse para mejorar la vida de quienes más necesitan. La fe, cuando es auténtica, no puede reducirse a una cuestión de apariencias. Mucho menos debería utilizarse como una herramienta de legitimación política o de prestigio social. Quienes tuvieron la posibilidad de participar de esas celebraciones, especialmente aquellos que ejercen responsabilidades públicas, deberían preguntarse qué harán con lo que escucharon una vez que desaparezcan las cámaras y termine la ceremonia.
Porque el verdadero significado de una visita de esta naturaleza no debería medirse solamente por la cantidad de personas que asistieron, sino por la profundidad de las reflexiones y los compromisos que sea capaz de generar.
La Argentina necesita recuperar algo que parece haberse debilitado peligrosamente: la capacidad de reconocer al otro como una persona con derechos, necesidades y aspiraciones legítimas. Necesita una política que discuta ideas sin destruir adversarios, necesita empresarios que comprendan que la rentabilidad y la responsabilidad social no son conceptos incompatibles, n ecesita trabajadores que puedan vivir con dignidad y productores que reciban una compensación justa por su esfuerzo; y necesita dirigentes que comprendan que gobernar no significa solamente administrar números, sino también hacerse responsables de las consecuencias humanas de cada decisión.
No alcanza con hablar de solidaridad mientras se profundizan las desigualdades. No alcanza con invocar la libertad mientras los más débiles carecen de herramientas para defenderse. Y no alcanza con proclamar valores cristianos si las decisiones políticas terminan favoreciendo exclusivamente a quienes ya concentran el poder económico. La visita de León XIV puede quedar en la memoria como un acontecimiento histórico, una multitudinaria celebración religiosa o una sucesión de imágenes emotivas. Pero también podría convertirse en una oportunidad para revisar prioridades y recuperar el sentido humano de la política y de la economía. Eso dependerá, en buena medida, de quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno y poder de decisión. Porque el verdadero homenaje al mensaje del Papa no será recordarlo en los discursos, sino demostrarlo en las acciones.
El Papa habló... El pueblo lo escuchó... Ahora falta saber si quienes tienen el poder están dispuestos a hacer lo mismo.