Un grupo de productores tabacaleros de San Pedro y Pozo Azul denunció haber sido víctima de una presunta estafa millonaria vinculada a supuestas gestiones para cancelar deudas tributarias. La causa es investigada por la Justicia, que esta semana realizó allanamientos en la sede de la Cooperativa de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim) y en una vivienda particular.

Según relataron los damnificados, durante varios años entregaron importantes sumas de dinero convencidos de que estaban regularizando obligaciones ante el organismo recaudador Arca. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrieron que las deudas reales eran considerablemente menores y que los pagos nunca habrían sido efectuados.

De acuerdo con los testimonios, el presunto mecanismo consistía en informar a los productores sobre supuestas deudas millonarias derivadas de la comercialización del tabaco.

Luego, el encargado de la oficina, actualmente detenido en el marco de la investigación, les solicitaba dinero en efectivo asegurando que realizaría las gestiones necesarias para reducir y cancelar esos montos.

Uno de los productores afirmó que llegó a entregar más de dos millones de pesos entre distintos pagos, creyendo que regularizaba su situación fiscal para no perder beneficios como el monotributo social.

Posteriormente comprobó que las deudas registradas en Arca eran de apenas algunos miles de pesos.Los afectados señalaron que, al comparar sus casos, detectaron un patrón similar entre numerosos colonos, con supuestas deudas que iban desde los dos hasta los cinco millones de pesos.

Estiman que el perjuicio económico ya supera los 30 millones de pesos, aunque el monto podría incrementarse a medida que aparecen nuevos damnificados.

Los productores también remarcaron el fuerte impacto económico y social que provocó la situación, ya que muchas familias destinaron los ingresos obtenidos tras un año de trabajo para afrontar pagos que creían indispensables.

En relación con Actim, la entidad intervino tras conocerse las denuncias y comenzó a reintegrar el dinero a las familias afectadas, en algunos casos por montos superiores a los cinco millones de pesos.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 1 de San Pedro. Durante los procedimientos fueron secuestradas computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán peritados para determinar cómo funcionaba la presunta maniobra.

El principal acusado fue apartado de sus funciones y permanece detenido mientras avanza la causa.

Fuente: El Territorio.