Una nueva voz se sumó al conflicto que atraviesa a la comunidad educativa de la Escuela N° 254 “Raúl Porta” de Montecarlo, luego de la repercusión pública generada por denuncias, publicaciones en redes sociales y manifestaciones vinculadas a una situación ocurrida entre estudiantes y un docente de la institución.

En diálogo con Portal Misiones, Gisel (madre del niño mencionado en publicaciones difundidas en redes sociales) brindó su versión de los hechos y pidió que la situación pueda abordarse con mayor prudencia, resguardo institucional y discreción, especialmente por tratarse de menores de edad. “Yo solo quiero discreción. Quiero que escuchen la otra campana”, expresó.

La situación tomó notoriedad pública luego de que trascendieran versiones sobre la circulación de contenido inapropiado en grupos de WhatsApp integrados por menores, lo que derivó posteriormente en conversaciones dentro del ámbito escolar, publicaciones en redes sociales y presentaciones judiciales.

Según relató la madre, el pasado 19 de abril consultó a su hijo sobre una reunión escolar vinculada a lo ocurrido. “Le pregunté qué había pasado y mi hijo me dijo que el docente le hizo preguntas”, señaló.

De acuerdo a su testimonio, durante una conversación mantenida dentro de la institución educativa, el menor habría sido consultado sobre conversaciones con compañeros, acceso a contenido para adultos y otros temas vinculados a la intimidad personal.

La mujer manifestó que la situación le generó preocupación, principalmente porque (según indicó) la charla se habría dado de manera individual. “Me resultó raro igual que hablaran con mi hijo a solas”, expresó. En relación a las publicaciones realizadas posteriormente en redes sociales, Gisel negó que su hijo haya sido quien difundía videos dentro del establecimiento educativo y sostuvo que el menor fue señalado públicamente de manera injusta. “Le acusan a mi nene que él difundía videos, siendo que no tiene nada que ver”, afirmó.

Asimismo, indicó que el niño posee restricciones familiares respecto al uso del teléfono celular durante el horario escolar. “Con el control parental lo prohibimos y bloqueamos su teléfono en horario escolar”, explicó.

La madre reconoció además haber detectado tiempo atrás la existencia de grupos de WhatsApp entre compañeros donde circulaban stickers y conversaciones de contenido inapropiado, situación que aseguró haber intentado corregir desde el ámbito familiar. “Cuando vi su teléfono y chats con compañeros hice que borrara”, relató.

También explicó que su hijo cuenta con acompañamiento profesional y diagnóstico de TDA y retraso madurativo, aunque remarcó que eso “no significa que no entiende nada”. “En casa enseñamos valores”, sostuvo.

Durante la entrevista, Gisel expresó además preocupación por el impacto emocional que la exposición pública del caso estaría teniendo sobre el menor y su entorno familiar. “Mi hijo siente impotencia y bronca”, manifestó. En cuanto al abordaje institucional, señaló que presentó una nota solicitando el esclarecimiento de lo ocurrido y consideró que este tipo de situaciones deben tratarse priorizando el diálogo con las familias y la protección integral de los niños involucrados.

“No pretendo que esté preso. Pretendo que investiguen”, expresó en referencia al docente mencionado en las denuncias. La madre también indicó haber recibido mensajes agresivos y acusaciones a través de redes sociales desde que el caso tomó notoriedad pública.

El conflicto continúa generando preocupación y debate dentro de la comunidad educativa de Montecarlo, no solo por las denuncias y acusaciones cruzadas, sino también por cuestiones más amplias vinculadas al acceso temprano de menores a contenidos inapropiados en internet, el acompañamiento familiar en el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos, y el tratamiento institucional de situaciones sensibles que involucran a niños, niñas y adolescentes.

Desde distintos sectores remarcan la importancia de evitar la exposición pública de menores, así como también la difusión de acusaciones no confirmadas en redes sociales, donde muchas veces se profundizan escenarios de estigmatización y violencia mediática.

Mientras tanto, la comunidad educativa aguarda que las actuaciones institucionales y judiciales permitan esclarecer lo ocurrido, priorizando el bienestar y la protección integral de todos los estudiantes involucrados.