El Gobierno de Javier Milei lanzó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una cuenta en la red social X destinada a combatir la desinformación mediante la desmentida activa de lo que considera «mentiras», «falsedades concretas» y «operaciones» de medios de comunicación y sectores políticos opositores. La iniciativa, anunciada ayer 5 de febrero de 2026 desde la propia cuenta oficial (@RespOficial_Arg o similar, según reportes), depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y responde directamente a un pedido del presidente, y ya generó rechazos por parte de las organizaciones de periodistas y medios.
Según el comunicado inaugural de la oficina, su propósito es «combatir la desinformación brindando más información» y actuar como «una voz oficial para desmentir operaciones», enfatizando que se trata de proporcionar datos adicionales en lugar de censurar. El texto oficial niega cualquier intención de limitar la libertad de expresión, afirmando que esta es «sagrada» para la administración y diferenciándola de prácticas atribuidas a gobiernos de izquierda que, según el mensaje, censuran a opositores. La cuenta fue impulsada por el ala digital del gobierno, con figuras como Juan Pablo Carreira (conocido en redes como Juan Doe) al frente, bajo supervisión de Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo. La medida generó rechazo inmediato de organizaciones periodísticas.
Rechazo de Fopea
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado expresando «profunda preocupación y rechazo» por considerar que el Estado se erige en un «tribunal de la verdad» o impone una «verdad oficial indiscutible». FOPEA recordó que el periodismo se basa en rigor, chequeo de fuentes y honestidad intelectual, no en imposiciones desde el poder. Alertó sobre el uso de recursos públicos para «vigilar, señalar y estigmatizar» el disenso o la labor crítica, en un contexto de restricciones al acceso a información pública (por modificaciones vía decreto a la ley correspondiente), ausencia de conferencias de prensa regulares y debilitamiento de la vocería presidencial.La entidad subrayó que, en sus 23 años de existencia, ha criticado iniciativas similares de distintos gobiernos, siempre defendiendo que el Estado debe garantizar libertad de expresión y acceso a información, no auditar el discurso público ni hostigar a periodistas. «El periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público», concluyó FOPEA.
ADEPA plantea riesgos a la Libertad de Expresión
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también expresó inquietud, advirtiendo riesgos para la libertad de expresión. Medios como Infobae, LA NACION, Perfil y Clarín cubrieron el lanzamiento destacando el tono confrontativo y comparándolo con estructuras como la «Rapid Response» de la Casa Blanca bajo Donald Trump. El anuncio se enmarca en la «batalla cultural» promovida por el oficialismo, con críticas recurrentes del presidente Milei al periodismo (incluyendo frases como «no odiamos lo suficiente a los periodistas»). En sus primeros posteos, la oficina ya cuestionó notas de medios, lo que intensificó el debate sobre si se trata de una herramienta legítima contra fake news o un mecanismo de presión estatal.
