El debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, sumó posicionamientos de representantes de Misiones, quienes coincidieron en la necesidad de abordar la problemática, aunque con distintos enfoques sobre su implementación.

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli expresó un respaldo explícito a la iniciativa y sostuvo que el debate es necesario frente a la realidad actual. “Estoy totalmente de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No hay opción en estos tiempos: hay que dar el debate con los problemas de hoy y con las realidades de hoy. No podemos desconocer que la delincuencia juvenil existe. Es algo doloroso y real. Pero igual de doloroso y real son las víctimas de la delincuencia juvenil”, afirmó. De esta manera, el funcionario provincial planteó la necesidad de actualizar el régimen penal frente a los desafíos actuales en materia de seguridad.

Por su parte, el Diputado Nacional Oscar Herrera Ahuad advirtió que la reforma debe ir acompañada por un esquema integral que garantice su aplicación efectiva. A través de sus redes sociales, el legislador señaló: “La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema si no hay recursos, equipos interdisciplinarios y políticas preventivas. El niño no es un adulto reducido. Nación y provincias deben asumir juntos esta responsabilidad”. En ese sentido, Herrera Ahuad puso el foco en la necesidad de que el Estado nacional acompañe con financiamiento y herramientas concretas a las provincias, que son las encargadas de ejecutar las políticas vinculadas a niñez y adolescencia.

Las distintas posturas reflejan el alcance del debate en torno al nuevo régimen penal juvenil, que continuará su tratamiento en el Senado de la Nación. Mientras algunos sectores consideran que la medida es necesaria para responder a la problemática de la delincuencia juvenil, otros insisten en que cualquier modificación debe estar acompañada por recursos, prevención y políticas públicas que atiendan las causas estructurales del conflicto con la ley.