Hace exactamente un año, el 6 de agosto de 2024, el Poder Ejecutivo oficializó el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) mediante el decreto 696/2024, delegando todas sus funciones y recursos en el Ministerio de Justicia. Esa disolución culminó un proceso de vaciamiento que se había profundizado desde febrero de ese año.

El INADI fue creado por ley en 1995 con el mandato de recibir denuncias, asesorar a víctimas y promover políticas públicas contra la discriminación, incluso publicando periódicamente el Mapa Nacional de la Discriminación . Durante su existencia, también impulsó campañas educativas, capacitaciones y coordinación interinstitucional en todo el país.

Críticos del cierre advierten que con la absorción de funciones por parte del Ministerio de Justicia se pierde un organismo con independencia y experiencia descentralizada, debilitando los mecanismos de protección y los canales de denuncia. Amnesty International, DAIA y otras entidades manifestaron su rechazo, resaltando que el Estado podría incurrir en incumplimientos de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En ese contexto, se denuncia que la medida deja sin representación institucional a colectivos vulnerados, interrumpe la producción de datos públicos sobre discriminación y afecta la continuidad de programas activos, comprometiendo la respuesta estatal frente al racismo y la xenofobia.