Un juez federal declaró nulo el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional, pero la administración anunció que presentará una apelación ante instancias superiores, marcando un nuevo choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sobre la regulación de las protestas callejeras.

La nulidad fue dictada por el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien consideró que la resolución que estableció el protocolo —implementada inicialmente en diciembre de 2023 durante la gestión de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich— presentaba vicios legales y excedía las facultades del Poder Ejecutivo al invadir funciones del Legislativo. La medida surge a raíz de una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestiona la forma en que se aplicaba la normativa.

Ante el fallo, el Gobierno nacional comunicó que apelará la decisión y defenderá la normativa, considerada por la administración como una herramienta clave para el mantenimiento del orden público. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en sus redes sociales que “sin protocolo no hay orden, hay caos” y aseguró que la medida será recurrida porque, según afirmó, posee “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.

Desde el Ejecutivo también sostienen que el protocolo fue validado por decenas de jueces en distintos casos y cuenta con respaldo popular, al tiempo que resaltan su función de permitir el ejercicio de los derechos constitucionales sin que las protestas interrumpan el tránsito y la libre circulación.

Por su parte, la oposición al fallo judicial considera que esta resolución judicial pone límites necesarios al accionar estatal en contextos de manifestación social, apuntando a que la normativa excedía los marcos legales establecidos y podía restringir derechos fundamentales. El conflicto judicial y político alrededor del protocolo antipiquetes se suma a una serie de fallos recientes que también han cruzado al Gobierno con la Justicia.