Un operativo policial realizado este martes en la comunidad Mbya Guaraní “Puente Quemado II”, en el paraje Cañafístola de Garuhapé, derivó en la detención del mburuvicha (cacique) Santiago Ramos y otros integrantes de la aldea, el pasado 5 mayo. El procedimiento, que incluyó el despliegue de varios patrulleros, se llevó a cabo en el marco de una causa por presunta “usurpación de territorio”, bajo orden del Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico.

Según información policial, ocho hombres mayores fueron demorados, mientras que mujeres y niños fueron trasladados a la comisaría local. Las detenciones se produjeron cerca de las 10 de la mañana y se extendieron durante gran parte del día. Finalmente, alrededor de las 20, todos los demorados recuperaron la libertad.

Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) señalaron que, durante el procedimiento, las mujeres fueron interrogadas sobre sus datos personales y los de sus hijos, además de ser separadas de los hombres. La organización también expresó preocupación por el traslado de menores en el operativo, al considerar que no se habrían garantizado condiciones adecuadas.

El operativo se desarrolló en el Lote 178, Parcela 141, un área que la comunidad reconoce como parte de su territorio tradicional y que, según indicaron, se encuentra alcanzada por la Ley Nacional N° 26.160, que establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas.

En horas de la tarde, y tras diversas repercusiones públicas, el cacique Santiago Ramos y los demás integrantes de la comunidad fueron liberados. La medida se concretó alrededor de las 20, luego de casi diez horas de permanencia en la comisaría, sin que se informaran imputaciones formales en ese momento.

El hecho se da en un contexto de reclamos territoriales por parte de la comunidad, que en los últimos días llevó sus demandas a instancias internacionales. Entre los planteos, mencionan dificultades en el acceso al agua, la salud y conflictos con empresas forestales que operan en la zona.

Tras las detenciones, distintas organizaciones sociales manifestaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas. En tanto, la causa judicial continúa en curso y no se descartan nuevas actuaciones.