En diálogo con Portal Misiones, Tatiana Antúnez, licenciada en Trabajo Social y presidenta del Concejo Provincial de Discapacidad, advirtió sobre la gravedad de las auditorías realizadas a las pensiones no contributivas y confirmó la presentación de recursos de amparo ante la Justicia. “Desde la falta de comunicación a la carta documento, todo le da a las personas la imposibilidad de defenderse. Hablamos de usurpación de identidad, falsificación de firmas de un médico que ni siquiera estaba en la provincia, delitos graves”, expresó.

Antúnez remarcó que miles de personas con discapacidad dependen de estas pensiones para subsistir, y aseguró que este año ya se suspendieron más de 5 mil beneficios en Misiones. Aunque no hay datos oficiales precisos, se estima que alrededor de 10 mil pensiones fueron dadas de baja en la provincia. “Hay personas con discapacidad postrada en su casa que están siendo afectadas por esta medida. No hay claridad respecto a la política del ANDIS”, señaló, denunciando además que muchos beneficiarios nunca recibieron la carta documento ni el dinero en sus cuentas.

La titular del Concejo Provincial de Discapacidad cuestionó la forma en que se llevaron adelante las auditorías: “Poder determinar si las personas son realmente discapacitadas requiere un nivel de organización que sea certero, cosa que no se hizo. Incluso llegaron a medir el porcentaje de idiotez de una persona, estamos en un punto de quiebre”. Según detalló, estas evaluaciones se hicieron en convenio con el PAMI, bajo un esquema tercerizado por el Gobierno nacional.

El Ejecutivo misionero ya había advertido sobre las irregularidades detectadas y confirmó que, tras agotar el diálogo con Nación, acudirá a la Justicia para exigir respuestas. “Las pensiones no contributivas no solo corresponden a la discapacidad, también al nivel socioeconómico en el que vive la persona. Necesitamos criterios claros y una medida urgente”, reclamó Antúnez.