Tatiana Antúnez, presidenta del Concejo Provincial de Discapacidad de Misiones, manifestó su profunda preocupación ante el proyecto de reforma de la Ley de Emergencia en Discapacidad enviado por el Gobierno nacional. En diálogo con Portal Misiones, la funcionaria calificó la iniciativa como un «avasallamiento» que pone en riesgo derechos fundamentales. Los puntos más críticos de la propuesta incluyen la desregulación de los aranceles de prestaciones y un reempadronamiento obligatorio de pensiones no contributivas que podría derivar en bajas masivas sin previo aviso.

Uno de los ejes del conflicto es la modificación del nomenclador de servicios, que obligaría a cada prestador a negociar los costos individualmente con las obras sociales. Según Antúnez, esta medida generará una «desigualdad enorme», creando beneficiarios de primera y segunda categoría dependiendo de su cobertura. «Esto afecta directamente al bolsillo de las personas con discapacidad y destruye la equidad en el sistema de salud, eliminando la actualización automática por inflación que garantizaba la continuidad de los tratamientos», advirtió la titular del organismo.

Respecto al reempadronamiento de las pensiones no contributivas, cuyo monto ronda los 300.000 pesos, Antúnez denunció que el nuevo sistema quita el derecho de defensa a los beneficiarios. El proyecto establece plazos de solo 60 días para regularizar papeles, una exigencia que resulta de cumplimiento imposible para personas en zonas rurales o con problemas de salud mental. «No son avisados cuando les dan de baja y no tienen tiempo de presentar la documentación; con una población tan grande de beneficiarios, la información simplemente no llega a todos», explicó.

Finalmente, la funcionaria analizó la medida como parte de una «batalla cultural» que busca despojar de empatía a la sociedad al hablar de los pensionados como individuos aislados. Criticó el endurecimiento de controles que busca reducir costos presupuestarios y la nueva incompatibilidad de la pensión con el trabajo formal, señalando que estas decisiones no tienen justificación social. Para el Concejo Provincial, estas reformas representan un retroceso institucional que desprotege a los sectores más vulnerables de la población misionera y argentina.